Morelia, Mich., Familiares del colectivo Caminando por la Justicia presentaron un amparo ante el Poder Judicial Federal para exigir a las autoridades de Michoacán la creación del registro estatal de personas desaparecidas, lo que sería la segunda de 16 instancias de todo el país con la misma demanda.

Laura María Orozco, integrante de la agrupación, afirmó que la falta de dicho registro es una omisión directa de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán y de la fiscalía especializada en la materia lo que afecta las acciones de localización de las organizaciones, así como a los familiares de las víctimas.

Detalló que la falta de esa instancia a nivel estatal impide que la información y datos de personas ausentes estén sistematizados y concentrados por la entidad federativa, lo que vulnera las prerrogativas de las víctimas directas y de sus consanguíneos, además de obstaculizar a la sociedad a conocer realmente la gravedad de esta violación de derechos humanos, atendiendo las verdaderas cifras de los casos de desaparecidos.

En 2017 se estableció la ley que indicaba un plazo de 90 días para la creación de dicho registro, que a la fecha no se ha logrado. Asimismo, en el estado no se cuenta con la ley en materia de desaparición forzada, explicó.

Indicó que de acuerdo con los colectivos defensores de derechos humanos hay más de 309 casos de desapariciones forzadas documentadas, en las que se probó que intervinieron elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como la delincuencia organizada. Entre las víctimas hay periodistas, luchadores sociales, activistas, estudiantes y civiles.

Integrantes de la agrupación Caminando por Justicia, del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas de México, Alzando Voces y Hasta Encontrarlos, han insistido que ha faltado voluntad política de los gobiernos federal y del estado en la localización de víctimas y agresores.

María Elena González, quien tiene un hijo desaparecido desde hace más de una década en Apatzingán, dijo que ante la pasividad de las instituciones de seguridad y gobierno, los familiares no han dejado de luchar ni un día, aunque se les critique y se les criminalice, como si se tratara de denuncias inventadas. Del Estado mexicano sólo conocemos cifras, convenios económicos y políticos que simulan las búsquedas y lucran con el dolor de las familias de las personas desaparecidas.