La Paz., Al cumplirse ayer el octavo día de bloqueos carreteros por cocaleros y campesinos afines al ex mandatario Evo Morales en demanda de la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes fallaron en contra de que pueda postularse nuevamente a otro mandato, el vicepresidente David Choquehuanca anunció un acuerdo para que una comisión multipartidista de diputados y senadores elabore un proyecto de ley que permita la renovación, por voto popular, del Poder Judicial.

El telón de fondo en esta crisis es el enfrentamiento de Evo Morales con el presidente Luis Arce, a quien acusa de boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces.

Antes aliados, ambos fueron proclamados por sus respectivos seguidores candidatos presidenciales para 2025, en un Movimiento Al Socialismo (MAS) ahora dividido.

A finales de 2023 concluyó la gestión de los magistrados cuestionados, quienes entre sus últimas sentencias invalidaron la posibilidad de que Morales vuelva a relegirse. Luego, decidieron prorrogar sus cargos, ante la falta de aprobación de la ley necesaria para una nueva elección del Poder Judicial, debido a discrepancias políticas en el Congreso.

Morales exigió, en la red social X, la renovación judicial y una ley que ratifique que los magistrados terminaron su gestión el 31 de diciembre de 2023. En opinión de analistas, el líder de los cocaleros espera que un nuevo tribunal rehabilite su candidatura, ya que el actual es considerado afín al gobierno de Arce.

El acuerdo, que prevé para hoy el inicio del trabajo de la comisión, fue logrado con participación de las alas evista y arcista del MAS y los partidos opositores Comunidad Ciudadana y Creemos, convocados por Choquehuanca, quien también encabeza el Congreso.

En virtud de este compromiso, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y cercano a Morales, sugirió una pausa en las protestas: Debería haber cuarto intermedio y que haya una vigilia permanente de los manifestantes.

Sin embargo el bloqueo de caminos no se levanta hasta que los ex magistrados no abandonen sus oficinas y no saquen la convocatoria a las elecciones de jueces, señaló David Veizaga, dirigente de los cocaleros de Cochabamba, también afin al ex mandatario, ante el pedido de una tregua del gobierno.

Los bloqueos afectaron el abasto de alimentos y combustible, ya que por la región de Cochabamba circulan los productos de exportación y la provisión nacional de alimentos.

En tanto, 32 policías resultaron heridos en choques con los manifestantes. Hay 11 detenidos, y dos personas que necesitaban atención médica murieron al quedar varadas en los caminos. La medida ha ocasionado 500 millones de dólares en pérdidas hasta el momento, según el ministerio de Economía.

Germán Jiménez, director de la agencia nacional de Hidrocarburos, advirtió sobre el riesgo de un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron atrapados en las protestas. Puede generarse una explosión, advirtió el funcionario.

El gremio de los choferes amenazó con desbloquear por su cuenta las carreteras. No vamos a permitir más que nuestros camiones continúen perjudicados, amenazó Bismark Daza, dirigente del sector.