Guatemala. La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, sostuvo ayer que no renunciará e incluso amenazó con emprender acciones judiciales contra aquellos que intenten removerla del cargo, en tanto que el presidente Bernardo Arévalo, quien pidió su dimisión, la convocó a una reunión de gabinete de asistencia obligatoria.

No voy a renunciar, declaró la mujer de 70 años en un video hecho público ayer por la fiscalía, el mismo día en que Arévalo la convocó para que presentara un informe sobre cuatro puntos específicos en los que la fiscalía participa. La funcionaria citó varias resoluciones judiciales para argumentar que tampoco está obligada a ir a la cita, “por ser una institución autónoma e independiente.

Usted, como máxima autoridad de la nación, debe respetar lo que establecen la Carta Magna y las leyes del país, respondió a Arévalo tras sostener que la Constitución establece su mandato y que lo cumplirá hasta el final.

Arévalo solicitó a Porras su dimisión, a pedido de autoridades indígenas que durante más de tres meses protestaron frente a la fiscalía y bloquearon carreteras en rechazo al intento de la funcionaria de desconocer los resultados electorales y las acciones judiciales contra el proceso electoral, lo que puso en riesgo la gobernabilidad del país.

La fiscal ha sido sancionada dos veces por el gobierno estadunidense, que la considera responsable de obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en Guatemala.

Porras fue nombrada fiscal general en 2018 para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales, y en 2022 su sucesor, Alejandro Giammattei, la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.

Más tarde, en rueda de prensa, Arévalo indicó que la fiscal no respondió a los cuestionamientos que le hizo ni asistió a la reunión prevista. Explicó que el siguiente paso es invitarla a una reunión de gabinete de asistencia obligatoria, como consta en el artículo 4 de la Ley del Ministerio Público.

La ley la obliga y si no asiste estaría cayendo en incumplimiento de deberes, advirtió el presidente, quien adelantó que la cita sería el próximo lunes.

Arévalo solicitó a la fiscal información sobre el avance de procesos penales a su cargo tras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Estado guatemalteco y los criterios de políticas de persecución penal respecto de la libertad de expresión y prensa por haber acusado a periodistas.

También le pidió informes sobre investigaciones penales por la compra de vacunas contra el covid-19, el presunto pago de sobornos a funcionarios del pasado gobierno, así como su protocolo de acción al momento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares a posibles víctimas.

La fiscalía envió en respuesta un oficio de 10 páginas, pero firmado por el secretario general, no por Porras, lo cual rechazó el mandatario.

Arévalo recordó que la fiscal tiene sanciones internacionales por participar en redes de corrupción, y subrayó que su renuncia es una demanda generalizada de la sociedad guatemalteca.

Arévalo tiene varias opciones para buscar la salida de Porras de su cargo, entre ellas, una reforma a la ley del Ministerio Público. Aunque el partido del presidente no es mayoría, cuenta con una alianza de más de 100 diputados de 160 en el Congreso para esa reforma.