Organizaciones internacionales y colectivos de familiares de desaparecidos llamaron al Estado mexicano a garantizar en todo momento la participación de las víctimas en la puesta en práctica de la ley general en la materia, al cumplirse ayer seis años de que entró en vigor.

Tras señalamientos sobre la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a reforzar la institucionalidad encargada de la búsqueda y la investigación penal de las personas ausentes, así como a expedir y consolidar las herramientas, registros y bases de datos indispensables para la puesta en marcha efectiva de la ley, que asegure la participación de las familias.

Hizo un llamado para que todos los esfuerzos de actualización de ese registro sean transparentes, cuenten con una metodología clara y del conocimiento público y se ajusten a lo dispuesto en la ley general y en los protocolos vigentes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que entre los retos que persisten tras la entrada en vigor de la ley está la adecuada colección, registro, intercambio y acceso a la información sobre los procesos de búsqueda e identificación; el reforzamiento de mecanismos de comunicación entre las fiscalías y las familias para el seguimiento de los casos, y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

El Estado mexicano no solamente debe mantener a las víctimas en el centro de la acción gubernamental, sino también sus esfuerzos para construir sobre los avances alcanzados hasta el momento, incluido el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda, añadió.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México aseveró que se vive un momento crítico, ya que el gobierno federal está desmantelando las estructuras que creamos para enfrentar esta crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición.

Como ejemplo, citó que en el censo de desaparecidos el gobierno federal reconoce a poco más de 92 mil personas, de las 112 mil de que se tenía registro en agosto pasado. Manifestó que dicha base de datos carece de transparencia, metodología y consulta con las familias y la sociedad. Consideró que es un claro intento de debilitar el registro.

Agregó que la significativa reducción de personal en la CNB y en el Centro Nacional de Identificación Humana, sin diagnóstico público y un plan de trabajo claro, demuestra falta de preparación y visión para el futuro.