Este lunes se cumple un año de la desaparición del abogado Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz, líder comunal de Aquila, Michoacán, sin que existan avances en la investigación del caso ni en la búsqueda, denunciaron familiares y abogados.

En conferencia de prensa, señalaron diversas irregularidades cometidas por la Fiscalía de Justicia de Colima, entre ellas que se negó a proporcionar los videos del centro de control C5 tomados en la zona por donde circularon los activistas, y después de más de seis meses de que se encontraron fosas con más de 90 cadáveres, no ha dado información sobre las exhumaciones.

Al menos queremos saber si es posible que alguno de los cuerpos, sea el de Ricardo o el de Antonio, señaló el abogado Michel Cervantes de la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC.

Una vez que la Fiscalía General de la República atrajo el caso, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, se ha logrado reconstruir la ruta que siguieron Lagunes y Díaz hasta el momento de su desaparición.

El 15 de enero de 2023, ambos activistas viajaban en una camioneta pick-up, propiedad de Lagunes, la cual fue localizada unas horas después de que se perdió contacto con ellos, en la zona limítrofe entre Michoacán y Colima. El vehículo tenía señales de haber sido baleado, pero a la fecha no hay siquiera un dictamen pericial, reprocharon los parientes y litigantes.

Hay dos personas detenidas y vinculadas a proceso. La investigación se encuentra en la etapa intermedia, por lo que faltan varios meses para una resolución judicial.

Reconocieron el interés y la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador para localizar a los ausentes. Dijeron que en varias ocasiones se han reunido con funcionarios del gabinete de seguridad o sus representantes, pero no ha habido avance.

La abogada Rita Robles explicó que la desaparición de Ricardo y Antonio se da en un contexto social complicado por la presencia del crimen organizado en Aquila y la expansión de la minera Ternium.

Antonio Díaz denunció que incrementar el área de explotación de minerales provocaría contaminación del suelo, tala de árboles y desaparición de especies.

Luego de casi 30 años del trabajo de la minera en la zona, la comunidad de Aquila se dividió en dos grupos, uno de ellos minoritario pero que tenía la titularidad del comisariado y por tanto estaba a cargo de la negociación con la empresa.

Díaz buscaba la renovación de las autoridades de bienes comunales, la cual llevaba dos años de retraso. La litigante Robles comentó que en una de las asambleas estuvieron representantes de la mina, un funcionario de Gobernación y el presidente municipal de Aquila.

Sabemos que ahí Antonio y Ricardo fueron amenazados por la minera. El problema es que nadie quiere dar su testimonio por temor a represalias. Si Antonio Díaz hubiera logrado la titularidad del comisariado, la minera habría tenido que negociar con él. Antes de que eso pasara, desapareció junto con Ricardo Lagunes.

La madre y hermanos de este último realizaron ayer una velada en el Zócalo capitalino y solicitaron al presidente López Obrador que hoy en su conferencia matutina en Palacio Nacional informe sobre lo que le han reportado sus colaboradores y cuáles son las acciones concretas que se emprenderán para localizar a los activistas.

En este contexto, la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, exigió la aprehensión de los responsables de los asesinatos de los guardias comunales Miguel Estrada, Rolando Magno e Isaúl Nemesio Zambrano, cometidos el 12 de enero de 2023. Acusaron que los homicidas presuntamente forman parte del cártel Jalisco Nueva generación.

Con información de Ernesto Martínez, corresponsal