Lima. La fiscalía de Perú solicitó ayer 34 años de prisión para el ex presidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por su fallido intento de disolver el Congreso y perpetrar un golpe de Estado en diciembre de 2022.

Rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública son los delitos que se le imputan a Castillo, cuyo mandato duró sólo 16 meses, en los cuales tuvo cinco equipos de gobierno, con 70 ministros en total.

El ex presidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado de diciembre de 2022, indicó la fiscalía en la red social X, sin que la defensa del ex mandatario se pronunciara hasta el momento en respuesta.

La fiscalía solicitó 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez; los ex ministros de comercio e interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente, y para los oficiales de la policía nacional, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, acusados de, supuestamente, colaborar con Castillo.

Asimismo, demandó 15 años de prisión para Aníbal Torres, ex primer ministro y ex titular de Justicia, por el delito de rebelión.

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el ministerio público y el tribunal constitucional, a través del establecimiento de un gobierno de excepción.

El Parlamento consideró este hecho como un intento de golpe de Estado y lo destituyó del cargo, bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.

Luego de remover a Castillo el Congreso nombró como su sucesora a la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

Tras la asunción de la presidenta se desataron manifestaciones en contra de su nombramiento y en protesta por la detención de Castillo. Las revueltas, que se extendieron hasta marzo de 2023 en todo el país, dejaron como resultado 49 civiles muertos en choques con las fuerzas de seguridad, según las autoridades.

Por el fallido intento de golpe de Estado, a Castillo le fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva y una segunda prisión de 36 meses por, presuntamente, liderar una red criminal en los casos Petroperú, puente Tarata y ministerio de vivienda.

Desde diciembre de 2022, el ex mandatario permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, conocida como la cárcel de los ex presidentes. Allí estuvo hasta hace poco Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel y beneficiado con un indulto humanitario, y es la actual residencia de Alejandro Toledo, condenado a 22 años y 6 meses de prisión.