Monterrey, NL., El gobierno del estado, encabezado por el emecista Samuel García Sepúlveda, vetó las convocatorias que lanzó el Congreso local (con mayoría priísta y panista) para nombrar a los próximos fiscales especializados en combate a la corrupción y delitos electorales de la entidad.

Además, hizo observaciones a diversos decretos remitidos por la Legislatura, relacionados con los valores catastrales y los presupuestos de ingresos del ejercicio fiscal 2024 de nueve municipios gobernados por la oposición.

Los fiscales anticorrupción, Javier Garza y Garza, y especializado en delitos electorales, Gilberto de Hoyos Koloffon, concluirán sus gestiones el 9 de marzo, por lo que el Congreso inició el proceso para designar a quienes asumirán dichos cargos.

Las convocatorias fueron aprobadas el pasado 11 de diciembre de 2023 y se dio vista al Ejecutivo estatal para su publicación. En ellas se puntualizó que los interesados se podrían registrar del 12 de diciembre de 2023 al 3 de enero del presente año, pero debido al periodo vacacional se amplió la fecha límite hasta el 19 de este mes.

Sin embargo, en un comunicado, la administración estatal dio a conocer ayer que realizó observaciones a los acuerdos 510 y 511, referentes a ambos procesos, por los vicios contenidos en ellos, los cuales radican principalmente en no dar bases que garanticen la autonomía de las y los aspirantes, que aseguren que no tengan relación alguna con partidos políticos o haber sido candidatos en un proceso electoral. También por no garantizar la paridad de género para la selección de dos funciones importantes dentro de la procuración de justicia del estado.

Indicó que el propósito es que el Congreso estatal cumpla con la fracción novena del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que se garanticen los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos que tienen encomendadas dichas fiscalías especializadas y, por lo tanto, que lleguen los mejores perfiles.

Por otra parte, el gobierno del estado también hizo observaciones a los presupuestos de ingresos del ejercicio fiscal 2024 de los ayuntamientos de General Bravo, General Treviño, Juárez, Pesquería, Guadalupe, Montemorelos y Cadereyta Jiménez porque contemplaban la contratación de deuda, pero no se desprendía que se hubiera hecho un análisis de la capacidad de pago, como ordena la Ley de Disciplina Financiera.

En cuanto a los valores catastrales en los municipios de Juárez, Guadalupe, Apodaca, Santiago y Montemorelos, solicitó se explique debidamente el procedimiento para determinar el aumento en ciertos sectores.

Al municipio de Pesquería se hizo una observación para que aclare por qué algunas zonas comerciales e industriales bajan su valor en algunos casos en más de 100 mil por ciento.

El gobierno del estado impuso estos vetos luego de que el 13 de diciembre el mandatario advirtió que diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional pretendían aprobar incrementos al impuesto predial en demarcaciones gobernadas por dichas fuerzas políticas, lo que, advirtió, no iba a permitir.