Uno de los primeros juicios a cargo de la magistrada Mónica Soto como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el relacionado con el mecanismo extraordinario para la asignación de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado por la mayoría opuesta a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En un hecho insólito, cinco partidos se unieron en defensa de la presidenta: Morena y sus aliados (Verde y del Trabajo), así como Movimiento Ciudadano y el PRI; tres impugnaron el acuerdo del consejo general.

En el recurso interpuesto por el tricolor ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se advierte que el mecanismo extraordinario atenta contra la legalidad y otros principios electorales como la certeza; además es arbitrario, ilegal, excesivo y desproporcionado.

Lo anterior porque es indudable que la ley señala expresamente la atribución que corresponde a la presidencia del Consejo General relativa a las designaciones de las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

El PRI subrayó que se pretende ejercer una presión directa hacia la consejera presidenta, al establecer una temporalidad (para los nombramientos) no incluida en la Constitución.

La semana entrante, el proyecto de sentencia –a cargo de Soto– será puesto a consideración de la Sala Superior.

El conflicto surgió desde abril pasado, con la renovación del Consejo General, que provocó, en principio, la renuncia colectiva de 10 de los 19 puestos que integran la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE.

Si bien en los meses siguientes hubo reincorporaciones y otros movimientos, así como algunos nombramientos aprobados por unanimidad, los cambios mantienen al mando del INE mayoritariamente con encargados de despacho; ahora están en esa situación 12 de los 19 cargos.

Una parte de los consejeros tiene la certeza de que para el buen funcionamiento del INE se requieren titulares de las áreas, y la otra parte considera que la marcha es correcta incluso con encargados provisionales.

El 16 de diciembre pasado fue aprobado por mayoría de seis votos el mecanismo extraordinario que impone a Taddei un mes para hacer las nuevas propuestas, incluida la de la Secretaría Ejecutiva, medular en la operación del organismo.

El PRI asegura que esa mayoría del Consejo General violó el principio de legalidad.

Por lo que, al aprobar un mecanismo distinto al contemplado actualmente en la legislación electoral, sin la debida motivación, justificación legal y/o respetando los cauces que deben observarse para que se realicen este tipo de modificaciones, vulnera flagrantemente el principio rector de legalidad en materia electoral por parte del Consejo General del INE.

Afirma que las nuevas hipótesis –contenidas en el mecanismo impugnado– fueron incluidas sin mediar fundamentación y motivación alguna a las reglas existentes.

Por otra parte, la magistrada presidenta se reunió con directivos del TEPJF a quienes pidió redoblar esfuerzos de cara al proceso electoral, el cual, reiteró, está plenamente garantizado.