Este año el promedio mensual de quejas que ha recibido la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México fue de 140, de las cuales 50 por ciento fueron por detenciones arbitrarias y uso de la fuerza pública que realizaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó el primer visitador del organismo Juan Carlos Arjona.

Para la comisión, el uso excesivo de la fuerza pública en detenciones es un problema que todavía persiste y que realiza la policía capitalina porque esa corporación actúan sin apegarse a los criterios que están normados, es algo que sigue siendo una constante en diferentes momentos del actuar policial y que incluso ha llevado a personas a ser detenidas con tortura.

De acuerdo con las investigaciones que ha realizado la primera visitaduría de la CDH, las quejas que han presentado las personas que recurren al organismo son tres, principalmente: las detenciones en el Metro de quienes se dedican al comercio informal, luego a los que se imputa el delito de narcomenudeo en flagrancia, mientras la última tiene que ver con cateos. La gente viene a quejarse por cateos presuntamente ilegales y que fue donde hicieron las detenciones.

Manifestó que han identificado que muchas veces el informe policial es diferente al testimonio del detenido, el cual pueden comprobar con el análisis de los videos. Sí hemos podido determinar que, en algunos casos, en un 10 por ciento los informes policiales no coinciden con lo que se ve en los videos al momento de la detención.

Sobre las aprehensiones por narcomenudeo, indicó que hay una tendencia entre el Ministerio Público, la defensoría pública y privada de promover los procesos abreviados. Las personas son llevadas ante la fiscalía porque fue posible flagrancia, de inmediato se les imputa la conducta frente a un juez de control, que las vincula, y muchas de esas personas no tienen arraigo en la capital, por lo cual piden la prisión preventiva justificada.

Sin embargo, para evitar quedar privadas de su libertad en lo que hay audiencia intermedia, terminan por aceptar un procedimiento abreviado aceptan su responsabilidad y como a veces pasan de 24 a 48 horas detenidas, tiempo que les ponen como pena, lograron quedar libres y prefieren irse que continuar con la investigación por temor a represalias por parte del policía que los detuvo.