En México, los defensores y periodistas se enfrentan al riesgo de agresiones, que incluyen campañas de desprestigio y amenazas, señaló Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Indicó que de enero de 2019 a septiembre de 2023 documentaron al menos 41 asesinatos de periodistas, seis de trabajadores de medios de comunicación y 91 activistas en general, en posible relación con su labor.

Señaló que prácticamente dos tercios habían sufrido incidentes con anterioridad y más de 30 por ciento habían presentado formalmente denuncias que, de acuerdo con la información disponible, no fueron adecuadamente consideradas o tramitadas, lo que hace suponer que se incumplió con las obligaciones en materia de prevención y protección efectiva de quienes habían demostrado estar en riesgo.

La ONU-DH presentó el informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, donde resalta las prácticas que contribuyen a la justicia y aquellas que aportan a la impunidad, e incluye 16 recomendaciones concretas para las 33 fiscalías del país.

El informe es un detallado estudio de nueve casos que analizan las actividades de investigación llevadas a cabo, de acuerdo con la información contenida en sus respectivos expedientes; tres de ellos con sentencias condenatorias.

Peña Palacios advirtió que en México existe la capacidad en las fiscalías para realizar pesquisas conforme a los principios de debida diligencia, de ahí el valor que tiene conocer las buenas prácticas e impulsar medidas mediante las recomendaciones formuladas, para lograr que siempre se conjuguen los recursos, competencia y voluntad necesarios para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló la urgencia de revertir los índices de impunidad a través de un proceso de fortalecimiento de las fiscalías conforme a las recomendaciones del informe.

Por su lado, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, manifestó el compromiso de continuar generando acciones positivas para el fortalecimiento de las capacidades de investigación especializada en casos de agresiones a periodistas por su labor.

Rachel Brazier, embajadora adjunta del Reino Unido en México, recordó que el rol de los defensores de derechos humanos y periodistas es fundamental en las sociedades democráticas, y ofreció desde la sede diplomática de su país seguir trabajando de la mano para mejorar políticas y respuestas a crímenes contra esos sectores.

Lamentablemente, los defensores de derechos humanos, especialmente en grupos vulnerables, sufren muchas amenazas y enfrenan intimidación, acosos y estigmatización, y a veces criminalización. Muchos pueden perder su trabajo o medios de subsistencia, y en los casos más graves, hasta la vida.