Permanecerá preso en el Reclusorio Norte
Trascendió que negocia con FGR ser testigo colaborador
Sábado 9 de diciembre de 2023, p. 7
Un juez federal determinó que René Gavira Segreste, ex director administrativo de las empresas Liconsa y Diconsa, que forman parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), debe permanecer preso en el Reclusorio Norte, ante el riesgo de que evada la justicia.
Contra el ex funcionario existen cinco órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse por estar relacionado con el desvío de más de 14 mil millones de pesos de la institución federal, y trascendió que negocia con la Fiscalía General de la República (FGR) un criterio de oportunidad y convertirse en testigo colaborador para aportar información de lleve a la detención y enjuiciamiento de otros involucrados en contrataciones ilegales realizadas entre 2019 y 2020.
Lo anterior se dio a conocer durante la audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde el juez Gerardo Genaro Alarcón le dictó prisión preventiva justificada a Gavira Segreste a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), tras incumplir las medidas cautelares que le permitían enfrentar el proceso 244/2022, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en el cual se le acusa de haber causado un daño patrimonial a Liconsa por 700 millones de pesos al haber autorizado la compra de valores bursátiles utilizando los recursos de la paraestatal, pero falta que se le imputen otros montos millonarios en los otros procesos penales.
Gavira Segreste ha sido señalado en seis procesos penales y en más de 30 carpetas de investigación, como uno de los líderes de una red de corrupción que involucraba a ex funcionarios de Segalmex y empresas privadas y compañías inexistentes.
El ex funcionario, que fue puesto a disposición del juez Genaro Alarcón y según las investigaciones de la FGR, junto con Manuel Lozano Jiménez, quien ocupó la Dirección Comercial de Segalmex, Manuel Lozano Jiménez (detenido en Argentina en junio pasado y sujeto a un juicio de extradición), habrían autorizado y firmado la mayor parte de los contratos a través de los cuales se desviaron los recursos de Segalmex, encabezado de 2019 a 2022 por Ignacio Ovalle Fernández.
En caso de alcanzar un criterio de oportunidad, Gavira Segreste obtendría sentencias reducidas en los cargos que se le imputan en seis causas penales, y entre las condiciones que debe cumplir está que la información y pruebas que aporte demuestren la responsabilidad penal de funcionarios de mayor nivel que él en la desviación de recursos.
Ayer, en una audiencia que duró poco más de dos horas, el juez federal Genaro Alarcón aceptó los argumentos de la FGR para modificar las medidas cautelares al considerar que existe riesgo de evasión, luego de que el 22 de marzo cuando se desahogaba de manera virtual la audiencia intermedia en la cual se pedía una condena de 12 años de prisión por haber adquirido ilegalmente bonos bursátiles con recursos de Segalmex, durante un receso abandonó la diligencia y estuvo prófugo ocho meses.
Aunque el abogado del ex funcionario argumentó que él se entregó voluntariamente a la Femdo, el juez consideró que no demostró su compromiso para enfrentar los cargos que se le imputan, y luego de que se realizaron cateos a domicilios en el estado de México (dos en los cuales supuestamente vivía) y otros en Nuevo León, y se descubrió que sus vecinos no lo conocían ni tenía arraigo o familia en la zona, decretó la prisión preventiva justificada y por lo tanto pasará todo el proceso encarcelado en el Reclusorio Norte.
En contra de Gavira Segreste existen cinco órdenes de aprehensión más, relacionadas con las siguientes causas penales: proceso 255/2022 por el delito de defraudación fiscal por 100 millones de pesos, que está en manos de un juez en el Reclusorio Sur; cuatro mandamientos otorgados por jueces con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, en los que se le imputan los ilícitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción, así como la causa penal 05/2022 por uso ilícito de atribuciones y facultades, que debe ser desahogado por un juez del Reclusorio Norte.
