Chihuahua, Chih., El gobierno de Chihuahua, que encabeza la panista María Eugenia Campos Galván, no ha indemnizado a por lo menos siete familias de la comunidad rarámuri de Choréachi debido a la omisión en proporcionar servicios de salud a bebés y menores de cinco años que murieron por desnutrición entre octubre de 2019 y junio de 2020, cuando era mandatario el ahora ex panista Javier Corral Jurado, por lo que la reparación del daño no se ha realizado.

Lo anterior derivado de la recomendación 12/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a Campos Galván y a Julio César Chávez Ponce, alcalde de Guadalupe y Calvo donde se ubica Choréachi, la cual fue notificada el 31 de enero de este año y dio un plazo de seis meses para su cumplimiento; pero, a la fecha el gobierno del estado no ha informado sobre el acatamiento de la compensación.

La recomendación también pidió un censo actualizado para conocer cuántas niñas y niños viven en la comunidad, un diagnóstico sobre el estado de salud nutricional en el que se encuentran y un dictamen sobre las necesidades en materia de acceso colectivo a la salud, a la seguridad alimentaria, a la educación, el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad, en un plazo de seis meses.

Los siete niños indígenas fallecieron debido a la falta de condiciones de salud y alimentación en la comunidad rarámuri, por causas relacionadas con desnutrición infantil y enfermedades prevalentes de la infancia, todas prevenibles y curables, estableció la CNDH.

El gobierno del estado y la autoridad municipal vulneraron los derechos a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez de las siete víctimas, y de manera colectiva, los derechos a la salud, alimentación, educación y nivel de vida adecuados de los habitantes de Choréachi, determinaron visitadores del organismo nacional que estuvieron en Guadalupe y Calvo, según el expediente de queja CNDH/4/2021/1403/Q.

La CNDH solicitó a la gobernadora y al presidente municipal de Guadalupe y Calvo que inscriban a los afectados indirectos en el Registro Estatal de Víctimas y procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación. Además, que se les proporcione atención médica, sicológica y tanatológica.

En una queja de 2021, autoridades tradicionales de Choréachi solicitaron servicios de salud y programas nutricionales acordes con sus necesidades y estándares culturales, pues pese a que en esos momentos se construía un Centro de Recuperación Nutricional, la comunidad nunca fue consultada e informada sobre su diseño, edificación y operatividad.

La CNDH acreditó, con las evidencias recabadas y los actos violatorios descritos en la queja, que las autoridades locales vulneraron el derecho de acceso a la salud por la falta de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los servicios médicos, así como la falta de registro, control y seguimiento de la condición de desnutrición de la niñez indígena.

Entre las acciones transgresoras confirmadas estuvo que los servicios de salud no están cercanos a la comunidad ni son asequibles; las unidades móviles implementadas para tratar de compensar esta situación no fueron suficientes ni adecuadas, y no se observó que las estrategias en materia de salud se hayan realizado y sean operadas bajo una perspectiva de interculturalidad.

Además, en lo que va de 2023, la Secretaría de Salud estatal ha detectado 67 casos de desnutrición severa en bebés y menores de cinco años en la Sierra Tarahumara, de ellos 16 fallecieron y seis están hospitalizados.