Entre enero y octubre de 2023 se han reportado por lo menos 33 casos de desplazamiento forzado interno causados por la violencia en el país, los cuales afectaron a aproximadamente 9 mil 400 personas, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Con base en su monitoreo mensual, los estados con más casos fueron Guerrero, con 10; seguido de Chiapas, con seis, y Oaxaca y Chihuahua, con cuatro cada uno.

Otras entidades donde también se han registrado desplazamientos son Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí y Sinaloa.

Los meses con más eventos de este tipo fueron mayo con siete y 3 mil 645 personas afectadas, y junio con cinco y mil 320 desplazados. Esto no significa que sigan en esta condición, pues hay casos en los que ya retornaron a sus lugares.

Respecta a mayo, los situaciones que se registraron fueron en Nuevo Balsas, Guerrero, tras los ataques de grupos de la delincuencia organizada a varios pueblos; el segundo fue en Río Frío, en el municipio de Santa María Chimalapa, entre Oaxaca y Chiapas, donde personas zoques fueron desplazadas debido a las actividades de tala ilegal.

El tercer caso se registró en Nuevo Poblado el Caracol, en Heliodoro Castillo, en Guerrero, por la disputa entre el grupo criminal de Los Tlacos y La familia michoacana, y el cuarto en La Fortaleza, San Luis Potosí, también por ataques armados.

A estos se suma el desplazamiento de indígenas tzeltales en la comunidad de Paxtonticja, municipio de Oxchuc, Chiapas, por conflictos ideológicos; asimismo, el de 12 poblaciones en los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo debido a los enfrentamientos entre dos bandos del crimen organizado, y el de habitantes de Atoyaquillo, en Santiago Ixtayutla, Oaxaca, por la violencia desencadenada por un conflicto de linderos.