Monterrey, NL., El Senado de la República podría solicitar la desaparición de poderes en Nuevo León si el Ejecutivo estatal insiste en no respetar el mandato constitucional que da al Congreso local la atribución de nombrar al gobernador interino para cubrir por seis meses la ausencia del titular, Samuel García Sepúlveda, para contender en la campaña presidencial representando a Movimiento Ciudadano, advirtió Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

La bancada panista responsabilizó al secretario de Seguridad estatal, Gerardo Palacios Pámanes, de la violencia que se pudiera generar el día en que el gobernador interino, nombrado por el Poder Legislativo, intente ocupar el cargo en palacio de gobierno el próximo 2 de diciembre.

El pasado miércoles, Gerardo Palacios dijo que de ser necesario utilizaría a elementos del cuerpo policiaco Fuerza Civil para garantizar los derechos del encargado de despacho del Ejecutivo estatal, en este caso es el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, en caso de que el Congreso de Nuevo León imponga un gobernador interino

De la Fuente Flores señaló que de persistir en esa actitud, la cámara alta podría solicitar la desaparición de poderes en Nuevo León. Desconozco cuál es la jugada de ellos (Samuel García y su gabinete), porque dicen una cosa y hacen otra, agregó.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mandata que el Congreso del estado debe nombrar un gobernador interino para el periodo del 2 de diciembre al 2 de junio de 2024, y eso lo vamos hacer de aquí al primero de diciembre, indicó De la Fuente Flores.

Lanzo un llamado por si sucede un problema de violencia entre poderes. El responsable se llama Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad del estado, por decir que va a utilizar a la Fuerza Civil por si otro poder quiere manifestarse en contra del encargado del despacho, aseveró.

Respecto al amparo que dicen tener, De la Fuente Flores sostuvo que éste ya no surtiría efecto porque la resolución estará vigente mientras la SCJN y el Tribunal Electoral no resuelvan las controversias constitucionales, pero ya se dio la razón al Congreso local.