Afectaciones psicosociales por la presa El Zapotillo
Ante la amenaza de despojo y desplazamiento que vivieron las personas que habitan y habitaron las comunidades afectadas por el megaproyecto presa El Zapotillo, la resistencia fue una respuesta normal a una situación anormal que puso en riesgo el bienestar y vida de la gente. Las muchas formas de lucha que mantiene detenida la pérdida del territorio de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, tienen su lado oscuro en los perjuicios que se acumulan en un conflicto que, desde el punto de vista psicosocial, no ha concluido.
Desde un punto de vista psicosocial, el anuncio de la construcción de la presa puso a los habitantes de las comunidades en una situación de incertidumbre respecto a las características del proyecto y sus implicaciones en la vida comunitaria. La falta de información precisa no solo significó una violación a los derechos de los pueblos, también representó una afectación importante a nivel psicosocial que se manifiesta en la forma de ser y actuar de las personas. A partir de los primeros años de la construcción de El Zapotillo, se documentaron varias afectaciones psicosociales en la comunidad de Temacapulín y, en 2022, se confirmaron afectaciones parecidas en Acasico y Palmarejo.
Una vez iniciado el conflicto, fue cuestión de poco tiempo para que las personas de Temacapulín presentaran episodios frecuentes de miedo, angustia, frustración, enojo, desesperanza, desconfianza y cansancio, además de la incertidumbre. Estos sentimientos fueron tan profundos e intensos que trastocaron las relaciones interpersonales de los habitantes de la comunidad hasta dañar el tejido social y sus vidas cotidianas.
El daño que ocasionó el conflicto en la vida de las personas, se llama Trauma Psicosocial (TPS) y se explica como una herida que sufre un colectivo cuando está en circunstancias sociales anormales como: conflictos armados, situaciones de peligro por fenómenos naturales y por intervención humana, conflictos sociales, entre otros eventos que desestabilizan y ponen en riesgo la vida.
El TPS se puede observar a nivel familiar y comunitario, en el caso de Temacapulín se pudo ver principalmente en la división interna y polarización que se fueron agudizando a lo largo del conflicto. La división interna y polarización es algo que sucede con frecuencia en pueblos que resisten frente a proyectos de desarrollo que impone el Estado. Por eso, es muy factible que las consecuencias de estos conflictos no sean accidentales y se trate de una estrategia integral de desgaste implementada por algunos gobiernos.
En el caso de Temacapulín, la estrategia integral de desgaste consistió en: mentiras, engaños, desinformación, rumores y presiones que orillaron a un sector de la población a posicionarse a favor de la construcción de la obra y, con ello, a la aceptación de la venta de sus casas y terrenos. Al mismo tiempo, el amplio sector de pobladores de Temacapulín y algunas personas de Acasico y Palmarejo, que decidieron resistir, fueron víctimas de amenazas directas, criminalización de su lucha, burlas, espionaje, allanamientos, amagos y persecución política.
La clave para identificar estas acciones como una estrategia implementada desde el Estado es la prolongación del conflicto. Los responsables del proyecto en los distintos niveles de gobierno se encargaron de evadir interlocuciones para el diálogo y la negociación, desacataron resoluciones judiciales de suspensión de la obra, desestimaron proyectos de gestión del agua alternativos y guardaron silencio por amplios periodos, mientras la población en resistencia buscaba por vías legales y legítimas una solución satisfactoria y justa.
La prolongación del conflicto desgastó a las comunidades no sólo haciendo más profundo el TPS, sino que además, mantener la resistencia generó un desgaste adicional en fuerza, recursos económicos y organizativos. A pesar de todas las afectaciones que caracterizan al TPS, no existe un reconocimiento jurídico de estos agravios en México y, sin embargo, son los de mayor dificultad para resarcir y acceder a la justicia.
Con el anuncio de la presa El Zapotillo sin Inundación y la implementación del Plan de Justicia por el actual Gobierno Federal, se realizó un proceso de evaluación y acompañamiento psicosocial. Un año y medio después, se ha encontrado que el TPS no ha desaparecido, no ha cedido, e incluso, en algunos aspectos se ha recrudecido. En conjunto, la división, polarización, desgaste y desconfianza que se sembraron a lo largo del conflicto, dificultan la búsqueda de reparación de los daños psicosociales.
Lo que comenzó en 2008 no ha concluido por la sencilla razón de que, aunque las comunidades ya no serán inundadas con el nuevo proyecto, la presa El Zapotillo sigue ahí, por lo tanto, la amenaza no ha desaparecido para las personas. •