En el primer bimestre de 2024, el gobierno federal calcula recibir 60 millones de dólares por la cobertura del bono catastrófico para atender emergencias por huracanes en el Pacífico, estimó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

Todavía no se sabe el monto exacto que recibirá México por el bono catastrófico que tiene vigente, explicó. Hay que esperar un dictamen internacional que cierre las cifras de la magnitud del huracán, algo que tomará unos cuatro meses. “Estimamos que sería de alrededor de 60 millones de dólares que nos darían de cobertura.

“No estamos esperando a que nos den los recursos por el bono catastrófico, eso sólo compensaría el flujo de caja que usaremos para financiar la recuperación de Guerrero después de los daños del huracán Otis. Si se tardan, lo mismo que se tardaron la vez pasada, nos estarían dando los recursos el siguiente año fiscal. Para ese entonces, ya abrimos la economía de Guerrero como lo planteó el presidente”, aseveró.

El subsecretario de Hacienda precisó que los elementos que disparan o que activan el bono catastrófico son evaluados usualmente con respecto a la magnitud del huracán y la intensidad de los daños en la zona geográfica.

Falta de información ASG desvía inversiones

A raíz de que no hay información suficiente para que se pueda hacer la evaluación adecuada en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (conocidos como criterios ASG) en economías emergentes, como México, se corre el riesgo de que se canalicen más recursos a países industrializados, en lugar de países emergentes, que es donde más se necesita el financiamiento para el combate al cambio climático, alertó Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México (BdeM).

Precisó que los mercados emergentes no están siendo calificados (ASG soberanos) en su justa medida y eso pone en riesgo que se les dé el financiamiento adecuado.

Durante su participación en el foro anual Finanzas Sostenibles México 2023: Emergencia Climática y Transición Justa, organizado por el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, Irene Espinosa explicó que los países avanzados tienen más y mejor información, por eso es que no hay una evaluación adecuada.

La subgobernadora aseguró que hay investigaciones recientes que muestran que las calificaciones ASG soberanas y las calificadoras crediticias no reflejan plenamente el nivel de preparación de los países emergentes para transitar a una economía baja en carbono.