La corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha disparado 16.4 por ciento en 2023, de acuerdo con una encuesta realizada por el mismo organismo.

En los primeros tres trimestres del año, 64 contribuyentes han reportado que dieron dinero en su trato con servidores públicos del fisco. El universo de personas consultadas no fue detallado.

De acuerdo con los sondeos de opinión que hace el organismo, desde 2020 ha repuntado el número de contribuyentes que reconocen haber participado en un acto de corrupción vinculado con el SAT. Tanto en el último año de la pasada administración como el primero de la actual se asentaron 43 casos autodeclarados por personas que dieron coimas a funcionarios.

El dato –obtenido de una encuesta entre mismos contribuyentes y que no necesariamente refleja lo extendido de las prácticas ilícitas– exhibe que 43 personas dijeron haber dado dinero en el SAT en 2019 y la cifra aumentó a 90 (109.3 por ciento) en 2020, cuando los cierres administrativos por la pandemia generaron un embudo para diferentes trámites.

En los registros hasta el tercer trimestre de este año, 64 personas reconocieron haber dado dinero a algún funcionario del SAT, un repunte de 137 por ciento respecto a los 27 registrados en el periodo comparable (enero-septiembre) de 2018, y de 16.4 por ciento en comparación con los 55 del año pasado.

Más denuncias ante la FGR

En los informes trimestrales que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se indica que hasta septiembre el SAT había denunciado a 22 de sus servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR). En el mismo lapso de 2022 se acusó a 12 empleados.

Los presuntos delitos van desde acceso ilícito a los sistemas y equipo de informática del organismo, el uso de documentos falsos, contrabando, lesiones, cohecho, usurpación de la profesión y remuneración ilícita, hasta el encubrimiento de lavado de dinero.

Los informes muestran que el acceso ilícito a los sistemas y equipo de informática sigue siendo uno de los delitos más recurrentes entre servidores públicos del SAT, y por esta conducta se acusó a nueve funcionarios; a cinco se les involucró con el uso de documentos falsos y a dos por contrabando. Por lesiones, cohecho, usurpación de la profesión, remuneración ilícita y encubrimiento de lavado de dinero se acusó penalmente a una persona por cada delito.

Los principales focos de alerta se encuentran en la Administración General de Servicios al Contribuyente y la Administración General de Recaudación, con ocho y seis casos, respectivamente; el resto se reparten entre la Administración General de Aduanas, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la Administración General de Recursos y Servicios y la Administración General Jurídica.

Entre enero y septiembre pasados se iniciaron procesos contra 115 funcionarios ante el Órgano Interno de Control por responsabilidad administrativa, según Hacienda.