La Paz., En un giro al panorama político de Bolivia, la justicia decidió ayer postergar la audiencia para definir la validez o no del congreso del Movimiento al Socialismo (MAS), que proclamó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) como candidato único para los comicios de 2025 y expulsó de sus filas al presidente Luis Arce.

La sala constitucional primera de Santa Cruz debió resolver el amparo constitucional presentado por la ejecutiva de las Bartolinas, Felipa Montenegro, en contra de Morales y la convocatoria el congreso en Lauca Ñ, en Cochabamba, que fue clausurado antier, un día antes de lo programado. La audiencia se pospuso hasta el 23 de octubre debido a la ausencia de uno de los dos vocales, quien no asistió por problemas de salud.

Según el abogado que defiende a la facción del ex gobernante, el ex viceministro de Justicia Diego Jiménez, esta situación inesperada deja a todos los involucrados en estado de expectación y suspenso.

Desde la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa de Santa Cruz, se lamentó la postergación de la audiencia y se denunció lo que se percibió como una chicana jurídica.

La demandante del amparo acusa a la dirección nacional del MAS, de Morales, de incumplir el artículo 13 del estatuto orgánico del partido al no haber concertado la convocatoria al congreso con las organizaciones matrices de campesinos, indígenas, interculturales y originarios.

La sala constitucional primera de Santa Cruz admitió la acción antier y emitió una orden de suspensión de la convocatoria al X congreso, hecho que no sucedió.

El cónclave culminó con la relección de Evo Morales como presidente del MAS y como candidato para los comicios de 2025. Además, definió la autoexpulsión del presidente Luis Arce; el vicepresidente David Choquehuanca y otros funcionarios del partido por no asistir al encuentro.

En términos de procedimiento, la sala constitucional tiene dos opciones: conceder el amparo o rechazarlo. Si decide concederlo, según los impulsores de este recurso, implicará la anulación de todo el proceso desde la convocatoria del congreso y la emisión de una nueva invitación con la participación de todas las organizaciones sociales.