Bogotá. La cuestión agraria –que ha costado varias guerras, unos 500 mil muertos y al menos 7 millones de desplazados a Colombia– vuelve al centro de la escena política del país luego de que el presidente Gustavo Petro acusó a la poderosa Federación de Ganaderos (Fedegán) de invitar a sus afiliados a reactivar los ejércitos privados que utilizó en las décadas de los años 80 y 90 con el pretexto de detener la amenaza guerrillera.

Debemos estar prevenidos y no olvidar que las Brigadas Solidarias Ganaderas deben ser el apoyo cuando eventualmente pueda haber amenazas a la propiedad privada, notificó a sus socios la agrupación ganadera luego de que se conoció el borrador de un decreto preparado por el Ministerio de Agricultura en el cual se hace un llamado a la movilización y a la organización campesina para impulsar la reforma agraria.

La iniciativa gubernamental plantea la creación de comités municipales, espacios para la participación, concertación, planeación y gestión de los procesos de reforma agraria y ordena a todas las entidades estatales del sector agrícola la promoción de asambleas campesinas por la tierra disponiendo de los recursos presupuestales vigentes.

Según el Ministerio de Agricultura, se trata de activar mecanismos para una redistribución de la propiedad de la tierra en Colombia, uno de los países más desiguales en esta materia, donde –por ejemplo– 81 por ciento de la tierra productiva está en manos de apenas 1 por ciento de los propietarios y los predios de más de mil hectáreas dedican 87 por ciento del terreno a la ganadería extensiva. Un millón de hogares campesinos tiene menos tierra que una vaca, resumió en días pasados una publicación especializada en temas rurales.

Tema antiguo, nuevos actores

La reaparición del asunto agrario en la agenda nacional corrió por cuenta de una multitudinaria reunión de campesinos que presidió Petro el pasado 30 de agosto, en la que entregó títulos de propiedad a labriegos víctimas de la violencia y a ex guerrilleros firmantes del acuerdo de paz de 2016.

Ahí, el presidente acusó al Grupo Argos, una de las empresas más grandes del país, de haber adquirido miles de hectáreas arrebatadas a campesinos a punta de masacres, crímenes selectivos y desplazamientos masivos.

Pese a 22 fallos judiciales que le negaron a la empresa su alegato de que los predios habían sido adquiridos de buena fé a terceros, Argos se negó por décadas a restituir la propiedad, ante lo cual el jefe de Estado los llamó despojadores.

El jefe de Estado respondió a los señalamientos que le hacen fuerzas políticas de ultraderecha y un sector de las élites económicas: hoy nos acusan de expropiadores, pero no recuerdo que nadie dijera en algún medio de comunicación que Argos hizo una masiva expropiación de tierra a campesinos.

El ex presidente Álvaro Uribe salió de inmediato a defender a la cementera, integrante del llamado Grupo Empresarial Antioqueño, y recordó que durante su gobierno quiso impulsar con Argos un proyecto de siembra de 40 mil hectáreas maderables truncado por la maledicencia y el gobierno de Santos.

Según la analista Cristina de la Torre, “el caso de Argos, empresa del mayor conglomerado económico, ha tensionado todas las fibras del gran capital.

Agudizada al extremo nuestra ya atávica desigualdad en propiedad agraria, nomás mencionar el sistema de privilegio enardece a una franja grande del poder de fusta y al de la motosierra, coligados en grosero amancebamiento de medio siglo, señaló De la Torre, refiriéndose a la ya probada alianza que existió entre los latifundistas, el Estado y los grupos paramilitares.

Tierra o tierra

El tema agrario fue el primero de los seis grandes tópicos contenidos en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el fin de poner fin a una guerra por la tierra que había comenzado 60 años atrás.

Sin embargo, la precaria ejecución de lo acordado por el gobierno Santos y de su sucesor, Iván Duque, dejaron intacta la estructura de propiedad agraria, agudizando la crisis rural y dando pie al inicio de un nuevo ciclo de violencia protagonizado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por disidentes de las antiguas FARC que nunca se acogieron al pacto de 2016.

Petro ha dicho que en la implementación de ese acuerdo de paz está la llave para saldar la deuda histórica del país con el agro y la clave para conseguir una paz definitiva que garantice la prosperidad a los casi 15 milllones de colombianos que viven en las áreas rurales, una tercera parte de la población total de Colombia.

Para tal efecto, en octubre de 2022 suscribió un pacto con Fedegán para comprar tierras productivas, pero hasta el momento, según la agrupación de los ganaderos, el gobierno sólo ha adquirido 189 propiedades, equivalentes a 33 mil hectáreas, cifra minúscula si se compara con la meta de 3 millones de hectáreas que aspira a entregar el gobierno a los campesinos sin tierra.

Los ganaderos alegan que el gobierno pone demasiadas trabas legales a los procesos de compra y que además hace amenazas constantes de expropiación.

El término expropiación ha entrado en la lista de palabras que desatan los ánimos más encendidos, pero el gobierno ha advertido que no sólo está contemplado en la Constitución Nacional, cuando ésta se refiere al papel social de la propiedad, sino también en la Ley de Restitución de Tierras, concebida para restaurar los derechos de las familias campesinas que sufrieron el despojo violento de sus propiedades.

En medio del acalorado debate, los campesinos exhiben un frondoso historial de aguerridas luchas agrarias y dan muestras de ser, en la actualidad, el grupo social con más capacidad de organización del país, aferrados a conseguir por fin lo que han demandado por décadas: tierra o tierra.