El indígena zapoteco Pablo López Alavez ha pasado 13 años en prisión acusado de homicidio, pero en realidad se le aprehendió para detener la labor que realizaba en favor del medio ambiente y contra la tala ilegal, afirmó el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el cual exigió al gobierno de México la liberación del activista, quien fue sentenciado a 30 años de cárcel.

Debido a múltiples irregularidades en el proceso, un tribunal colegiado ordenó la reposición del procedimiento. El nuevo juicio está en la etapa de instrucción bajo el sistema penal tradicional.

El observatorio, creado por la Organización Mundial contra la Tortura, señaló que en México la defensa de la tierra y el territorio que hacen las comunidades y pueblos indígenas es una labor de alto riesgo.

Desde 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado para Naciones Unidas ha reportado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas que fueron asesinadas o desaparecidas por un posible vínculo con su labor de defensa.

El organismo civil advirtió que el caso de Pablo López Alavez no es una situación aislada, sino que es el resultado de una política sistemática por parte del Estado mexicano que no ha garantizado la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y, por el contrario, ha generado las condiciones para su persecución.

Frente a esta situación, reiteró su llamado al gobierno federal y al de Oaxaca para que otorguen la libertad inmediata al defensor indígena, frenar todo tipo de criminalización en su contra, garantizar el cumplimiento del debido proceso, así como la reparación integral correspondiente para él y sus familiares.