La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México dirigió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la recomendación 07/2023 por actos de tortura de sus elementos en contra de Luis Ángel Castañeda, estudiante de ingeniería militar, quien fue absuelto de los delitos de homicidio calificado, narcomenudeo, portación de arma exclusiva del Ejército y cohecho, que le fueron imputados.

Durante la presentación, la ombudsperson Nashieli Ramírez denunció que menos de uno por ciento de los actos de tortura se reportan, pues las autoridades que las cometen son las mismas que los investigan y persiguen.

El año pasado se abrieron más de 5 mil 500 carpetas de investigación, pero sólo se judicializaron 82; mientras que desde 2014 a 2022 sólo se han emitido 64 sentencias y menos de 10 por ciento de las víctimas ha accedido a algún tipo de dictamen médico-sicológico, detalló.

La omisión del Estado para garantizar el acceso a la justicia provoca impunidad y es un tipo de tolerancia ante la tortura, cuyas víctimas cargan con un fuerte estigma asociado al hecho de haber estado privados de la libertad.

Sus familiares son quienes normalmente asumen el costo de las investigaciones, como sucedió en este caso, donde su madre vendió su departamento y su papá gastó sus ahorros e indemnización del trabajo para pagar su defensa.

El 27 de abril fue absuelto tras ser detenido el 13 de junio de 2021, cuando circulaba por calzada México-Tacuba, y torturado para que se declarara culpable de los delitos que se le imputaron.

Las investigaciones de la cuarta visitaduría general demostraron que no contaba con armas ni drogas; nunca incurrió en el delito de cohecho y menos asesinó a una persona; sin embargo, dichas acusaciones lo llevaron a truncar su vida profesional y personal.

Entre los puntos recomendatorios a la SSC está la inscripción de Luis y sus padres en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México y la integración de sus expedientes para un plan de reparación integral y ayuda por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un acto de reconocimiento de responsabilidad y determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos involucrados.