ra 2020 y la pregunta decía: Actualmente, ¿se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular, o tiene derecho a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)?

Era 2022, la pregunta siguió igual.

Esta pregunta, que es la presentada en la Encuesta Nacional de In­greso y Gasto de los Hogares para medir el acceso a los servicios de salud es cuestionable, ya que no permite juzgar verazmente el principio epistemológico de la misma: si hay o no carencia por acceso a servicios de salud en la población sin seguridad social. El acceso a servicios de salud, o su carencia, se debe medir por la atención efectiva que reciben las personas cuando enferman o buscan atención; no por si tienen (o no) credencial de afiliación a una institución. Es decir, no se trata de una variable nominal (basado en afiliación) sino factual (basado en atención efectiva en servicios de salud).

Demos más lógica al argumento. El Seguro Popular desapareció el 31 de diciembre de 2019, por lo que una pregunta en 2022 basada en la afiliación a este seguro resulta obtusa, porque una persona no puede referir afiliación a una institución inexistente.

Además, en seis estados (Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua) hubo la decisión de no adherirse al Insabi, por lo que preguntar en esas entidades es francamente absurdo; en éstos ni había Seguro Popular ni servicios de salud del Insabi.

Existe un problema conceptual mayor. El derecho al acceso a la salud significa que todos en el país puedan acceder a servicios de salud. Por ello, se evidencia la contrariedad de la pregunta que se hace (afiliación) y el análisis central de carencia por acceso a servicios de salud.

En la Secretaría de Salud nunca nos cruzamos de brazos. Fuimos insistentes. A inicios de 2022, personal de la Secretaría de Salud sostuvo reuniones técnicas con el Coneval y el Inegi. Participaron directivos de ambas instituciones. A estas alturas del drama, este acto se entendería mejor personificado:

Secretaría de Salud: Quisiéramos alertar sobre inconsistencias en la encuesta.

Coneval: ¿Qué inconsistencias?

Secretaría de Salud: En realidad, no importa si una persona está afi­liada o no. Lo importante es que al acudir a un servicio se le atienda.

Coneval: ¿De qué me hablas?

Secretaría de Salud: De la necesidad de ajustar la medición de la carencia por acceso a servicios de salud. La pregunta sobre la afiliación al Seguro Popular y el acceso a los servicios de salud es ineficaz y disonante con la realidad.

Coneval: Ok. Muchas gracias. Qué tal si hacemos una medición espejo que atienda sus sugerencias. La aplicaremos a una muestra de la población y luego matizaremos los resultados con lo que se obtenga en la encuesta 2022.

Fin de acto. Seguimos esperando.

Con todo esto se puede desvirtuar con contundencia el supuesto aumento entre 2020 y 2022, de 35.7 a 50.4 millones de personas con carencia por acceso a servicios de salud.

Nuestra queja, que no es queja, sino una invitación, es que el informe aporte al análisis del sistema de salud, y contemple sus avances y desafíos. Ojalá pudiera explorar, en esos años de 2020 a 2022, la cifra de elementos del personal de salud que se formó, la cantidad de personal de enfermería y paramédico basificados, el aumento sin precedente del número de camas durante la pandemia, y que siguen operando hasta hoy; las consultas médicas y las cirugías gratuitas, de los centros de salud funcionando y de cuántos ahora lo hacen hasta la noche.

Estos esfuerzos no los reconoce la pregunta y entonces la respuesta carece de franqueza.

*Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

**Secretario de Salud