l juicio de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue tajante: Los libros de texto gratuitos son basura. Fue instantáneo, a priori, sin mediar un análisis científico de los textos ni del largo proceso para elaborarlos. Grave falta de respeto a la entrega de los maestros chihuahuenses y de todo el país que participaron en su elaboración.

La instrucción fue muy clara: no distribuir los casi 2 millones de ejemplares de los libros para educación básica y arrumbarlos en bodegas. Luego, el gobierno del estado promovió que se presentaran amparos contra la distribución de los materiales y una controversia constitucional ante la SCJN.

El linchamiento ha sido auspiciado desde el palacio de gobierno. Formaron una coalición instantánea de organizaciones empresariales, ciudadanas, algunas también instantáneas. Destaca la Asociación de Padres de Familia, a la que habría que preguntar: ¿a quién representa en realidad?, y ¿quién representa a las madres? Señalan con insistencia los mismos errores que la derecha observa a los textos: la ideologización, el adoctrinamiento en el comunismo, la promoción del aborto y la diversidad sexual. Se sumó a la ejecución sumaria el único diputado del Movimiento Ciudadano que, a falta de un análisis pedagógico, endilgó a los impresos su descalificativo recurrente: son populistas.

Esta forma de proceder del gobierno panista de Chihuahua y sus aliados, la descalificación absoluta y total de las publicaciones, sin buscar ninguna instancia para dialogar con la SEP al respecto, el acusarlos de actuar contra las libertades, deja bien clara su intención: victimizarse, inventar un nuevo ataque del gobierno federal contra Chihuahua.

No es la primera vez que actúan así: lo hicieron en 2020 con motivo del pago del agua a Estados Unidos, exigido por el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944. Lo están haciendo de nuevo ante la exigencia de Tamaulipas para que se le haga llegar el volumen de agua del río Conchos que le corresponde. El gobierno blanquiazul, empleando la misma táctica de desinformar, de sabotear las reuniones multilaterales de análisis y diálogo para resolver el problema, vuelve a envolverse en la bandera de Chihuahua para clamar: Sobre mi cadáver que vengan a quitarnos el agua de Chihuahua. A propósito de populismos.

Inventar los ataques del gobierno federal a Chihuahua, quejarse cotidianamente de la perfidia de la 4T es una clara maniobra para tender una cortina de humo que distraiga a la ciudadanía chihuahuense de las múltiples chuecuras y rezagos de esta administración estatal.

La ola de violencia ha repuntado: tan sólo el primer día de agosto fueron ultimadas siete personas en Ciudad Juárez y en julio los homicidios dolosos llegaron a 110 para totalizar 839 en lo que va del año. Ha habido frecuentes ataques del crimen organizado a policías estatales en Cuauhtémoc, Juárez y la sierra. Además, el número de personas desplazadas internamente por la violencia llega a 14 mil 652, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2022). Los grupos más afectados son las mujeres y los indígenas. Precisamente, la carencia de una política efectiva de escucha y de participación de los pueblos originarios y no el asistencialismo de siempre, es otro de los señalamientos al gobierno estatal.

Se le critica también la poca obra pública y que se le entregue a un grupúsculo de empresas consentidas; los constructores se quejan de que les piden moches, pero no denuncian por temor a represalias. Se pagan millones de pesos en asesorías a ex secretarios del gobierno de Felipe Calderón. La reciente renuncia del coordinador de gabinete para irse a coordinar el Frente Opositor, sin que éste lo confirme, revela los pleitos y conflictos de intereses dentro del equipo gubernamental. Por otro lado, las continuas ausencias de la gobernadora, encubierta por la mayoría prianista en el Congreso local que legisló para que no tenga que pedir permiso ni transparentar sus viajes al extranjero, enojan a la ciudadanía, así como el enorme gasto en promover la imagen de ella y la profusión de espectaculares de funcionarios de su gobierno que resultan inversamente proporcionales a los logros de su gestión.

Con estos antecedentes tan tramposos, con todo este contexto no es creíble que lo que busquen el gobierno del estado y sus aliados sea la defensa de los niños de Chihuahua y los valores de la ética pública. Porque es evidente la contradicción entre la práctica real y cotidiana del gobierno y el discurso educativo y moral que ahora pregonan. Porque es imposible elaborar unos textos adecuados y de calidad de manera improvisada, excluyendo a la base magisterial. Porque van estar impregnados de la peor de las ideologías: la que niega ser una ideología.

No son los textos ni los niños, es la política. Es tratar de aprovechar uno de los últimos pretextos para distraer, para que un frente que se estrecha, se amplíe. Así en Chihuahua como en otros estados.