El gobierno de Chihuahua fue el primero en promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra los nuevos libros de texto gratuitos. Dicho estado es uno de los cuatro del país que han anunciado su oposición a que estos materiales didácticos sean distribuidos en su territorio.

El juicio constitucional fue enviado al máximo tribunal desde el viernes pasado por Yadira Anette Gramer Quiñonez, titular de la Consejería Jurídica del gobierno que encabeza María Eugenia Campos Galván, militante del Partido Acción Nacional (PAN).

La demanda quedó registrada con el número 400/2023, pero aún no se informa a qué ministro tocará su análisis, para decidir si es admitida a trámite.

El gobierno de Chihuahua reclama las posibles violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, lo cual, argumenta, incidiría en su obligación constitucional de garantizar una educación pública y de calidad para los habitantes de esa entidad.

Entre las autoridades señaladas como responsables de estas posibles violaciones, la controversia menciona a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, la subsecretaría de Educación Básica, al de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, y de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.

Es posible que la demanda contenga una petición de suspensión, la cual, según los criterios de la Corte, tratándose de controversias constitucionales sólo puede otorgarse si la medida cautelar no afecta la seguridad o la economía nacionales, ni las instituciones fundamentales o el orden jurídico, y previene violaciones a derechos humanos.

Aun si se concediera la suspensión, el ministro a cargo tendría que evaluar si esta medida tendría aplicación para todo el territorio nacional o únicamente para Chihuahua.