La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este miércoles si emplaza al Congreso de la Unión para que emita, antes de que acabe el año, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC), pendiente desde 2017. Senadores afirman que para septiembre tendrán el proyecto de la norma.

Tras meses de trabajo, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, dijo que existe la posibilidad real de que cuando se inicie el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se resuelva el asunto.

Explicó que el mecanismo permitirá otorgar igualdad de oportunidades a las personas, para que resuelvan por ellas mismas sus conflictos, a través de procedimientos sencillos, basados en la voluntad, la prontitud, la confidencialidad y la honestidad, además de que privilegia la cooperación, tolerancia, el diálogo y la comprensión.

La ley buscará encausar la voluntad de las partes para fomentar una resolución amigable, así como eliminar las formalidades excesivas, los términos extensos, los gastos onerosos y los recursos e impugnaciones que se dan en los juicios formales y sobre todo el desgaste de las personas.

El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, estimó que la norma reconstituirá la confianza en los órganos impartidores de justicia, tras recordar que hoy sólo 40 por ciento de la población mayor de 18 años cree en ellos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Consideró que ayudará a resolver la falta de jueces en el país. En 2022, había 4.6 juzgadores por cada 100 mil habitantes, mientras en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el promedio es de 18.

Destacó, sin embargo, que se necesitarán de más recursos para la instrumentación de la nueva legislación, a fin de mejorar la infraestructura de los poderes judiciales de las entidades y capacitar en los métodos de negociación.

En 2017 se reformó la Constitución para expedir la citada ley y se dio un plazo de 180 días para su construcción, el cual no se cumplió.

El miércoles, en la segunda sala de la SCJN, se votará un amparo donde se afirma que el Congreso de la Unión ha incurrido en omisión legislativa al no emitir la LGMASC.

La asociación civil Profesionistas en Defensa del Estado de Derecho promovió el amparo, pero el juez de primera instancia sobreseyó el juicio señalando que no había acreditado su interés legítimo.

Se interpuso el recurso de revisión ante un tribunal colegiado, que consideró que el asunto debería ser resuelto directamente por la SCJN, donde el análisis del caso fue encomendado al ministro Luis María Aguilar Morales, quien señala que sí existe omisión legislativa:

Entonces, esta Suprema Corte no puede sino obligar a la autoridad responsable a que dé cumplimiento cabal a tal mandato constitucional atendiendo al principio de supremacía constitucional y a la obligación irrestricta de que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución federal sean respetados, protegidos, promovidos y garantizados, por toda autoridad, como lo es el de acceso a la justicia, señala la propuesta de sentencia.