Los abogados de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, rechazaron los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles sobornos recibidos por su cliente y pidieron que se negocie la reparación de daños sobre bases concretas.

El viernes pasado la UIF afirmó en un comunicado que Lozoya había recibido una supuesta mordida de 8.4 millones de dólares de parte de Alonso Ancira, quien fuera dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), para aceptar que Pemex comprara la planta de Agronitrogenados, que resultó ser chatarra.

La defensa del ex funcionario sostiene que no hay referencia, documental ni técnica de esos hechos, por lo que califica a esta acusación como inaceptable.

Responden también a otro posible soborno de 3.4 millones, también de AHMSA, y afirman que este dinero fue un pago recibido por Lozoya por sus servicios profesionales, los que brindó a esa empresa antes de ser servidor público y de ocupar la dirección de Pemex.

Reitera que la compra de Agronitrogenados fue auditada y validada por las autoridades administrativas del gobierno federal y que la documentación respectiva fue agregada a la carpeta de investigación.

En su comunicado, la UIF planteó que todos los actos ilícitos que se atribuyen al ex director de Pemex deben ser tomados en cuenta para fijar una reparación del daño considerando todas las consecuencias de las actividades ilícitas del C. Lozoya.

Los abogados Rojas y Ontiveros advierten que los señalamientos de la UIF fueron hechos para apuntalar su exigencia de que la reparación de daños se aumente, posibilidad que rechazaron.

De todo lo anterior se desprende que el monto de 30 millones de dólares exigido a Lozoya Austin como supuesta reparación del daño es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico. De ahí que, en audiencia pública ante el juez de control, los representantes del gobierno de México no pudieron explicar su origen, lo que provocó los legítimos reclamos de nuestro representado, concluyeron.