n número creciente de ciudadanos ha salido a protestar en Guatemala para exigir al gobierno y al sistema de procuración de justicia que cesen sus intentos de descarrilar los comicios presidenciales en curso, cuya segunda vuelta debe realizarse el 20 de agosto. Antes de las elecciones hubo un operativo de Estado para negar el registro al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata, Thelma Cabrera, una campesina activista por los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y contra la privatización de los servicios básicos.
Pese a que 22 personas contendieron por la presidencia de Guatemala y de que más de 40 por ciento de los habitantes del país son indígenas, Cabrera era la única aspirante perteneciente a alguno de los pueblos originarios, una prueba del racismo y la carencia de representatividad del sistema político de ese país.
Tras la primera vuelta del 25 de junio hubo una sorpresa generalizada, cuando los resultados contradijeron todas las encuestas y expresaron de manera inequívoca el hartazgo social frente a una cleptocracia autoritaria y delictiva que está a punto de cumplir siete décadas en el poder. Desde el momento en que se supo que pasó a la segunda vuelta Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla (progresista), se ha perpetrado todo género de maniobras irregulares a fin de evitar la participación de dicha plataforma cívico-electoral.
Entre los principales golpes a la legalidad y al proceso democrático cabe mencionar los siguientes: la Corte de Constitucionalidad autorizó un recuento de votos no contemplado en las normas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Rafael Curruchiche, instruyó a un juez que retirara la personalidad jurídica a Semilla, algo expresamente prohibido una vez que comienzan las elecciones; el juez Fredy Orellana ordenó allanar dos veces el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y emitió una orden de captura contra la encargada de este organismo, pese a que cuenta con inmunidad. Asimismo, encapuchados han robado documentación tanto del TSE como de las oficinas de Semilla.
Los ciudadanos identifican como principal artífice de estos delitos a la fiscal general Consuelo Porras, quien desde su llegada al cargo desató una cacería judicial contra todo miembro de la judicatura y del Ministerio Público que hubiera intentado ejercer con probidad sus tareas. Hasta ahora, sólo la resistencia de un puñado de funcionarios y la presión popular han impedido que se concrete lo que a todas luces constituiría un golpe de Estado y un quebrantamiento de la institucionalidad democrática.
El cierre de filas de la oligarquía política y económica contra Arévalo representa el designio de atajar a cualquier precio la posibilidad de que en Guatemala se establezca un gobierno democrático, honesto y con sensibilidad social.
Y en lo inmediato, a la clase dominante la mueve la urgencia de boicotear la mera posibilidad de que se retomen las investigaciones en torno a la corrupción de políticos y empresarios, frenadas por el ex presidente Jimmy Morales y cortadas de tajo por el actual mandatario, Alejandro Giammattei.
