Guatemala. La Fiscalía de Guatemala allanó ayer por segunda vez la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y pidió una orden de captura contra una responsable del Registro de Ciudadanos, en una nueva maniobra judicial dentro de la pesquisa contra el partido Movimiento Semilla, del candidato Bernardo Arévalo, que pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El ente rector electoral se negó, siguiendo una orden constitucional, a cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, y debido a ello disputará la presidencia el 20 de agosto frente a la aspirante de derecha Sandra Torres, para suceder a Alejandro Giammattei. El referido cateo, según confirmó el órgano electoral, buscaba evidencias y registros de personal de la entidad, después de una indagatoria similar realizada la semana pasada.

Un juez había ordenado suspender a Semilla por acusaciones de haberse constituido como partido político con firmas falsas. David de Léon, vocero del TSE, confirmó a la agencia noticiosa Ap el allanamiento de ayer e indicó que se realizó en la sede de recursos humanos de la institución.

La orden de aprehensión, precisó, es contra la abogada Eleonora Castillo, subregistradora del Registro de Ciudadanos, a cargo del despacho por ausencia del titular.

El juez Fredy Orellana dispuso el arresto, después de que el registrador Ramiro Muñoz, que tiene inmunidad por su posición, solicitara días de vacaciones al tribunal electoral y saliera del país.

Primero Muñoz y luego Castillo recibieron el requerimiento judicial de suspender la personería jurídica de Semilla, por iniciativa de la fiscalía, pero no ejecutaron la orden ya que la Corte de Constitucional concedió un amparo al instituto político para interrumpir la intervención mientras concluye el proceso electoral en el país.

No obstante, el juez Orellana insistió en que se cancele el registro del partido político y emitió las ordenes de captura contra los dos funcionarios referidos.

Cierran caso Odebrecht

Un juez de Guatemala cerró sin sanción el caso por corrupción de Odebrecht en el que se investigaba si el ex ministro de comunicaciones Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio gestionaba cobros ilegales para adjudicar contratos. La fiscalía apeló la decisión. La investigación fue realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida entonces por Juan Francisco Sandoval, quién está exiliado.