La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que detectó otros dos edificios, los cuales se suman a los más de 30 inmuebles que violan el uso de suelo y tienen diversas irregularidades como consecuencia de una probable red de corrupción en el sector inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.

Además, están sujetas a investigación siete personas, entre directores responsables de obras (DRO), propietarios y copropietarios de dos inmuebles.

En seguimiento a las investigaciones sobre esta red, se localizaron dichos inmuebles en las calles Dakota y Samuel Ramos, en las colonias Nápoles y Del Valle, con tres y dos niveles adicionales, respectivamente, lo que contraviene la zonificación de uso de suelo permitida.

Adrik N, Francisco N y Sergio N, copropietarios del inmueble de Dakota mediante un contrato de compraventa en junio de 2016, así como Jorge Eduardo N, director responsable de obra; Eloy N, corresponsable en Seguridad Estructural, y Jorge Isaac N, corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, señaló, contravinieron la normatividad.

La zonificación de uso de suelo que aplica es habitacional, de seis niveles máximo de construcción con 20 por ciento mínimo de área libre, pero cuenta con nueve niveles. Las pruebas de esa irregularidad son el dictamen en arquitectura y la manifestación de construcción de la alcaldía, así como el aviso de terminación de obra, la autorización de uso y ocupación y el carnet del DRO.

Una situación similar se detectó en el inmueble ubicado en la calle Samuel Ramos, cuya propietaria es Beila Georgina N, a quien se imputa también dicho delito.

La vocería de la dependencia explicó que, pese a que el certificado único de zonificación de uso de suelo es habitacional, de cuatro niveles máximos de construcción y 20 por ciento mínimo de área libre, el edificio cuenta con seis pisos.

En este caso, indicó, la autoridad ministerial cuenta con el Registro de Manifestación de Construcción, con fecha del 8 de febrero de 2017, donde queda estipulada la construcción de cuatro niveles, lo cual también está asentado en la autorización de uso y ocupación, a finales de ese año.

Ante ello, la representación social aportará los datos de prueba necesarios para formular la imputación correspondiente y solicitará la vinculación a proceso de estas siete personas.

Mientras, las indagatorias continuarán su curso por si llegaran a existir más irregularidades posiblemente relacionadas con esta red de corrupción, manifestó.