La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que, por delitos cometidos en México, están vigentes tres órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna y hay fichas rojas de Interpol para buscar en más de 180 países a su esposa, Linda Cristina Pereyra, y a Humberto, Luz María, Esperanza y Gloria, hermanos del ex secretario de Seguridad Pública.

Además del ex funcionario y sus familiares, la fiscalía investiga a más de 50 personas por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, todos por casos relacionados.

El Ministerio Público Federal indicó en un comunicado que, tras las indagatorias a García Luna, familiares y ex colaboradores, varias de esas personas ya se encuentran vinculadas a proceso y se han librado fichas rojas para quienes se fugaron del país.

Con carácter de urgente

La FGR añadió que en el mismo asunto hay diversos bienes inmuebles asegurados y cuentas bancarias bloqueadas. Las órdenes de aprehensión del ex funcionario y de sus cómplices que se dieron a la fuga se están tramitando con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes, para obtener, en su caso, la extradición que procede.

Los mandamientos fueron emitidos por jueces federales por indagatorias distintas a las del proceso penal que Estados Unidos sigue al ex funcionario por narcotráfico.

También son casos diferentes al que litiga la Unidad de Inteligencia Financiera en Florida para recuperar bienes producto de los delitos cometidos por dicha persona y sus familiares, explicó la fiscalía.

El reporte siguió al anuncio que en su conferencia de ayer hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que pediría a la FGR una actualización sobre el estado de las investigaciones contra el ex funcionario.

Según el informe de la FGR, la primera orden de aprehensión se deriva de la participación de García Luna en el caso Rápido y furioso, en el que se introdujeron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia.

Otra orden de captura es por la acusación de que García Luna causó un daño patrimonial inmenso, que llegó a más de 64 mil 900 millones de pesos, en el caso de la construcción y operación de diversos penales federales, privatizados mediante gestiones de dicho individuo y sus cómplices.

Una tercera orden es consecuencia de acusaciones contra García Luna por la suscripción de 10 contratos ilegales y abusivos de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en 5 mil 112 millones de pesos.

En este último expediente, el juez competente libró órdenes de aprehensión también contra la esposa y los hermanos de García Luna y más de 50 personas involucradas, indicó la FGR.