El presidente del Senado, Alejandro Armenta, y su correligionaria Citlalli Hernández Mora enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una carta en la que piden a los ministros respetar la Ley Federal de Remuneraciones y el artículo 127 de la Constitución, donde se establece que deben ganar menos que el Presidente de la República.

En la misiva recibida por el alto tribunal el pasado martes, los dos senadores de Morena destacan que erradicar el exceso y el despilfarro es una causa que vale la pena adoptar, por lo cual invitan a los juzgadores a sumarse a ella.

Añaden que dicho engranaje jurídico no sólo impone un deber legal a cargo de las autoridades públicas, sino que consagra un mandato social y legítimo de las personas dirigido a los poderes de la unión, para que nunca más haya un gobierno rico con pueblo pobre. Sólo así es posible un auténtico Estado de bienestar.

Armenta y Hernández recuerdan los señalamientos del presidente Juárez en torno a vivir en la honrada medianía y que la reforma de 2009 puso de manifiesto la necesidad de abatir la desmesura al momento de determinar las remuneraciones en la administración pública, donde no existía una auténtica política que regulara un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica del país y las finanzas públicas, y muchas retribuciones eran extremadamente elevadas, desproporcionadas y determinadas con total discrecionalidad.

Eso generó una indignación exacerbada en la población, refieren, al subrayar el mandato del Congreso para que la remuneración en el servicio público fuera adecuada y proporcional a la responsabilidad desempeñada, así como suficiente para cubrir las necesidades de los funcionarios. También se planteó que la retribución debía mantenerse ajena a todo exceso y abuso.

Derivado de ello, endosó a los poderes constituidos la tarea de combatir la arbitrariedad y el uso de recursos públicos para gastos personales, agregan

Con ese fin, recuerdan que se estableció un parámetro máximo para todas las esferas públicas del país, de tal suerte que ninguna remuneración en la administración gubernamental puede ser superior al monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Presidente de la República, sin que ello se traduzca en una preeminencia del Ejecutivo sobre los otros poderes.