Buenos Aires., La brutal represión contra el pueblo de la provincia Jujuy, que en las horas recientes aumentó por orden directa del gobernador derechista Gerardo Morales, llegó al extremo de una dictadura provincial, violando la autonomía universitaria, con allanamientos, amenazas, persecución, listas negras y detenidos, entre ellos los abogados defensores de centenares de heridos, presos políticos, y comunidades indígenas.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que está al frente del Consejo del Partido Justicialista, ordenó ayer la intervención de éste en Jujuy, especialmente los legisladores que votaron la reforma de la Constitución provincial que ilegalmente modificó Morales.

Además, envió como interventores al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al intendente del municipio de Merlo, Gustavo Menéndez, por un plazo de 360 días.

Al mediodía, representantes de los organismos de derechos humanos, sociales y sindicales advirtieron desde el Congreso de la nación en una conferencia de prensa sobre la grave situación que existe en la provincia, gobernada por el pre candidato a vicepresidente de la derechista alianza Juntos por el Cambio.

Se convocó a una movilización para el próximo día 20 en todo el país, con el objetivo de repudiar lo sucedido en Jujuy desde el 16 de junio pasado, y recordar, además, que el 20 de junio, pero de 1976, durante la dictadura más cruenta en la historia del país (1976-1983), se produjo un apagón de luz premeditado en Libertador General San Martín, donde está el ingenio Ledesma, con el objetivo de que los militares secuestraran en sus casas a trabajadores, y los llevaran a Centros Clandestinos de Detención y Exterminio.

Los vehículos de aquella tragedia fueron prestados por el ingenio Ledesma, cuyo dueño, el millonario Carlos Pedro Blaquier, amigo de Morales y quien colaboró con la dictadura, fue juzgado, pero evadió a la justicia con la complicidad de muchos que hoy están en el gobierno jujeño.

Ahora, una empresa constructora de amigos de Morales prestó sus camionetas blancas sin patente para detener y secuestrar personas, Todo fue denunciado por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros.

Acusaron además la actuación de policías y parapolicías, varios vestidos de civil, que se infiltraron en las manifestaciones, actuando con violencia extrema para acusar a los participantes de las marchas pacíficas y detener la demanda en rechazo a las reformas constitucionales que atentan contra el patrimonio indígena y consienten el saqueo empresarial de recursos naturales.

Con el apoyo de la alianza derechista de Juntos por el Cambio manejada, financiada y asesorada por fundaciones y ONG estadunidenses, como se denunció aquí, Gerrado Morales está al frente de lo que se llamó un laboratorio de pruebas que se piensa aplicar en toda Argentina, de acuerdo a lo que han declarado los dos precandidatos de este partido. Tenemos que exigirnos ver que se trata de una dinámica de dominación que se ajusta a predisponer mejores condiciones de saqueo y depredación en el marco de su nuevo plan ALCA: agua, litio, combustibles, alimentos, señaló el sociólogo Fernando Esteche, docente dirigente del Encuentro Patriótico y Frente Milagro Sala y director del portal de noticias internacionales PIA.

Además, se incumplieron en forma reiterada las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la pertinencia y condiciones de las detenciones. Por esto, seguimos pidiendo la aplicación de la figura del indulto para Milagro Sala, ex parlamentaria de la Legislatura jujeña y del Parlamento del Sur, institución a la que no pudo ingresar debido a su arbitraria e ilegal detención, agregó.

Esta situación se expande a toda la sociedad jujeña, donde se reprime y detiene a docentes, líderes de pueblos originarios, sindicalistas, periodistas, dirigentes políticos, hombre y mujeres de un pueblo que dicen ¡Basta! Es necesario que nos unamos en un grito: ¡no a la reforma de la Constitución provincial, pidió Esteche y el pueblo jujeño en su conjunto.