La situación de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes es preocupante, los datos cada día revelan la magnitud de la problemática. De acuerdo con cifras de las Fiscalías estatales de 21 estados del país (Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Q, Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas) en 2020 y 2021 desaparecieron 18,259 mujeres y niñas, 14,480 fueron localizadas con vida y 289 sin vida. Una de las características de los perfiles de las mujeres es que, en su mayoría, son menores de edad.
Un patrón documentado era el uso de transportes públicos y privados, en donde la sociedad exige la búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas; en estos casos las mujeres fueron localizadas sin vida posteriormente a su desaparición, como lo refleja el siguiente caso:
Mara Castilla, estudiante de 19 años, desapareció en la ciudad de Cholula, Puebla, luego de haber acudido a una fiesta con amigas y amigos, y de haber tomado un taxi Cabify de regreso a su casa. El cuerpo de Mara fue encontrado sin vida y con señas visibles de violación sexual, en una barranca en San Miguel Xonacatepec, en los límites con el estado de Tlaxcala. Su caso provocó gran indignación en la sociedad a nivel nacional, se realizaron manifestaciones y exigencias para que su feminicidio no quedara impune y para que se garantice la seguridad de las mujeres en México.
Ante la situación planteada y la falta de políticas adecuadas para atender la problemática, CEDAW recomendó al Estado mexicano:
Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres.
Simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba; agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género.
A pesar de las recomendaciones para atender la problemática de desaparición y evitar que incurran otros delitos graves como la trata y el feminicidio, el problema se ha agudizado; ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades responsables de la búsqueda e investigación de mujeres desaparecidas, la ciudadanía ha exigido la búsqueda inmediata en las primeras horas de la incomunicación, para evitar una violencia mayor como la pornografía infantil, la trata de personas con fines de explotación sexual, hasta el feminicidio.
Para entender la complejidad de los modus operandi o patrones de las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes que pueden estar vinculadas a trata y feminicidio, el tipo penal de feminicidio incorporó la hipótesis de incomunicación de la víctima, el cual abarca los casos en los que las mujeres estuvieron desaparecidas previo a la privación de la vida, o casos en los que han sido víctimas de trata de personas; por lo que el feminicidio visibilizó la vinculación de otros delitos o problemáticas de violencia contra las mujeres previo a un feminicidio.
Vinculación de la desaparición con otros delitos
En los últimos años se registró un mayor número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, donde en su mayoría tienen entre 12 y 17 años de edad; si bien no en todos los casos existe un delito, sí es un reflejo de las violencias constantes que viven las mujeres y una gran mayoría no son localizadas, sus familiares no reciben respuesta por parte de la autoridades, ya que a pesar de estar obligados por los protocolos de búsqueda, niegan el contexto de desaparición, por lo que no actúan en búsquedas inmediatas en las primeras horas. Asimismo, hay una negación de entender que el contexto de desaparición puede relacionarse con el delito de trata y feminicidio.
Es necesario que las autoridades encargadas de este tipo de delitos, como las Fiscalías estatales y las Comisiones de Búsqueda, cumplan con sus obligaciones de proteger y garantizar la integridad de las mujeres víctimas del delito de desaparición, que puede estar vinculado con la trata o feminicidio. Según Teresa Ulloa (CATWLAC), las familias víctimas de desaparición de una hija, niñas o adolescentes, se enfrentan a estereotipos, donde las autoridades minimizan el delito y se les dice que las mujeres se van por problemas familiares o con los novios. Otra situación denunciada es la ausencia de cuerpos especializados para la localización de las desaparecidas, así como la falta de sistematización de casos para establecer patrones, modos de operación de los grupos de delincuencia organizada, de criminales seriales o de asesinos/feminicidas.
Es fundamental contar con un análisis minucioso, a partir de la información emanada de la sistematización de los casos donde la autoridad conoce que puede haber un vínculo de la trata con el feminicidio, para identificar patrones y modus operandi. Este diagnóstico ha sido exigido a las autoridades de diversos estados como Jalisco, Puebla, Nuevo León, Sonora, y Veracruz, donde se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género por desaparición, en donde se ha documentado la desaparición de mujeres que han encontrado asesinadas. •