México ha sido desde hace décadas un país con profundas desigualdades, marginación, exclusión social, racismo y discriminación de género y étnica, ocasionando numerosas consecuencias en la vida económica, cultural y social de sus habitantes. Las mujeres son principalmente las víctimas del delito que se conoce como trata de personas.
La trata de personas, de acuerdo con normas internacionales, se define como “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
Las modalidades de explotación que tiene el delito de la trata de personas son: esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, utilización de menores de dieciocho años en actividades ilícitas, adopción ilegal de personas menores de dieciocho años, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos, experimentación biomédica ilícita. La trata de personas es un delito que atenta contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas.
No es casualidad que las principales víctimas de este delito sean mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas; existen estructuras tradicionales que promueven la subordinación, los estereotipos culturales sobre el comportamiento que se espera de hombres y mujeres.
En la trata de personas con fines de explotación sexual se monetiza la dignidad de las personas, principalmente mujeres y niñas. El Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) del 2022, refiere que desde la pandemia la explotación de las víctimas ocurre principalmente al interior de espacios públicos como bares, o lugares fuera de la vista como hoteles, casas o departamentos.
Se han identificado lugares conocidos como corredores de trata de personas, focos rojos donde este delito es particularmente grave. Los “corredores de la trata” de personas, se denomina a los territorios que van desde los lugares de origen de las víctimas, donde son enganchadas o secuestradas, a los lugares por los que son trasladadas y el lugar final para su explotación. En estos territorios, si una niña o mujer desaparece, existe una amplia posibilidad de que haya sido víctima de una red de trata de personas.
Uno de los corredores más denunciados por organizaciones de la sociedad civil es el Puebla-Tlaxcala. Ahí las mujeres y niñas captadas en los municipios poblanos son trasladadas a hoteles de Tlaxcala, posteriormente son trasladadas nuevamente a centros o calles de explotación sexual en la Ciudad de México. En algunos casos son trasladadas a los Estados Unidos de Norteamérica.
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés) ha documentado y llevado a juicio ante las autoridades norteamericanas casos de víctimas rescatadas en operativos coordinados, logrando condenas de tratantes originarios de Tlaxcala.
Los corredores de la trata de personas son territorios que comparten características de pobreza y alta marginación, ahora debemos sumar a éstas las consecuencias económicas derivadas de la pandemia por COVID-19. Comparten la falta de oportunidad de empleo formal y digno, donde la prevalencia de los roles tradicionales asignados a las mujeres no permite conciliar el trabajo formal con el cuidado de la familia.
La falta de infraestructura urbana en creciente urbanización ha traído consigo la confinación de grupos étnicos y sociales en las periferias de los grandes centros urbanos; sin acceso a servicios, pocas o nulas oportunidades de empleo, incremento de la violencia, son un campo fértil para el enganche y el reclutamiento de víctimas.
A esto sumamos también la creciente ola de movilidad de personas entre países de centro y sudamérica hacia Estados Unidos. Para las mujeres en movilidad interna y externa, la discriminación y el prejuicio racial hacen difícil el ingreso al trabajo formal e incluso a solicitar ayuda institucional, lo que las pone a merced de enganchadores, favoreciendo la existencia de nuevos corredores de trata de personas. Al mismo tiempo las políticas de fomento al turismo no incluyen medidas de prevención y protección de mujeres y niñas, ni advierten a los visitantes de cero tolerancia a la trata de personas y sus modalidades de explotación.
Una característica común de estos corredores es la violencia estructural hacia las mujeres y las niñas que configura relaciones desiguales e injustas, y la mayoría de las veces se manifiesta en eventos de violencia físicos, emocionales y/o sexuales contra ellas por parte de la familia, desconocidos; por prácticas sociales aceptadas y legitimadas por instituciones como la escuela, la iglesia, la comunidad, los medios de comunicación.
Todo esto es aprovechado por las redes de trata de personas para establecer corredores de la trata: carreteras, caminos y calles sombrías, opacas, hoteles y bares que mantienen tacones altos, cuerpos mallugados por la violencia y la explotación, sonrisas huecas por lágrimas, familias rotas, libros olvidados, miedo, tristeza, muerte, la barbarie y la desolación. Eso compran quienes consumen cuerpos de mujeres en los corredores de trata.
Por eso, desde las organizaciones de la sociedad civil o desde el feminismo que lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, insistimos en la abolición de la prostitución y la pornografía, en políticas públicas enfocadas a eliminar las brechas de desigualdad para las mujeres, la modificación de los patrones socioculturales asociados a la masculinidad hegemónica, y por la abolición del género. Insistimos en el reconocimiento de las mujeres como personas, no objetos. Por eso decimos Sin Demanda No hay Oferta. •