La organización Disability Rights International pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determine la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a prerrogativas que sufrieron 37 personas con discapacidad en la Casa Hogar Esperanza, entre 2014 y 2016, en la Ciudad de México, donde fueron víctimas de vejaciones físicas y sexuales, abusos, encierros y al menos cuatro murieron. En audiencia pública, sostuvieron que el caso sigue impune.

Silvia Serrano, representante de la agrupación, expuso que Casa Hogar Esperanza –para deficientes mentales– era una institución privada que recibía fondos estatales y en la que el gobierno delegaba la prestación de servicios. Allí por lo menos 27 víctimas fueron ingresadas sin consentimiento firmado.

Algunas personas sufrieron esterilización y anticoncepción no consentida, y el Estado tenía pleno conocimiento, incluso participaba activamente de ella.

Las personas institucionalizadas sufrían diariamente violencia física y verbal acompañada por amenazas para que no denunciaran. Era común el uso prolongado de sujeciones físicas y químicas, y jaulas o cuartos de aislamiento en condiciones inhumanas y degradantes.

Por esos hechos, la representación del Estado mexicano admitió que sólo hay una persona detenida y sentenciada.

Josué Granados Núñez, jefe de Unidad de Cuidados Alternativos para personas con discapacidad, accesibilidad y movilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital, indicó que actualmente el Estado ha desarrollado modelos residenciales incluidos en la comunidad, tales como departamentos de vida independiente, los cuales son operados por instituciones de la sociedad civil en coadyuvancia con el gobierno local.

Informó que una de las sobrevivientes de la Casa Hogar Esperanza es beneficiaria de este modelo, al habitar en un departamento de vida independiente. Asimismo, agregó que ocho personas con discapacidad intelectual y sicosocial no provenientes de ese lugar también viven en espacios residenciales incluidos en la comunidad.

El funcionario reconoció que 22 personas de la Casa Hogar Esperanza residen en otros lugares de cuidados o fundaciones.