El 1º de octubre de 2019, Xóchitl Gálvez señaló ante el Senado que tener conflictos de intereses no es delito, lo que sí se vuelve grave es no declararlos, al presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal en esa materia. Sin embargo, eso no se ve reflejado en la mayoría de sus declaraciones patrimoniales.

No manifestó su relación con las empresas de su familia ni que es accionista de High Tech Services, que dirige su hija Diana Vega, cuando la firma es contratista del actual gobierno, como lo ha sido de otros, a partir del sexenio de Vicente Fox, cuando Gálvez ingresó al servicio público como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Hace una semana, cuando la senadora se registró ante el comité organizador del proceso del Frente Amplio por México como aspirante, declaró que tanto de su bolsillo como de su empresa saldrán los recursos para financiar su campaña. Recuerden que soy empresaria, tengo una lanita que me da mi negocio, expresó. Pero en sus declaraciones patrimoniales oficiales, salvo en la que presentó como jefa delegacional de Miguel Hidalgo en 2015, ha omitido mencionar que se trata de compañías de su familia. Apenas ha citado que dirigió una de esas firmas hasta 2000.

En la más reciente, como senadora, presentada el 27 de mayo de 2022, dejó sin respuesta lo relativo a participación en empresas, sociedades o asociaciones, y asentó que no recibe beneficios privados.

Y aunque el formato de la declaración pide expresamente a los senadores que precisen sus ingresos netos y los de sus parejas por actividad industrial, comercial o empresarial, Gálvez omitió también esa información, no obstante que presume que sus empresas y las de su familia son tan chingonas, que hasta las contrata el gobierno actual.

El año pasado declaró ante la contraloría interna del Senado que no tiene ningún bien mueble o inmueble ni vehículos, aunque sí un crédito hipotecario por un millón 376 mil 486 pesos, que adquirió en marzo de 2021.

Cuando buscó el voto de la ciudadanía para convertirse en jefa delegacional de Miguel Hidalgo, presentó una declaración patrimonial como aspirante, en la que señaló que ella y su pareja tenían acciones en High Tech Services y en Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, y que en 2014 obtuvo ganancias por 960 mil pesos por actividades industriales o comerciales. El ingreso anual de su pareja fue de 450 mil pesos.

También dijo ser dueña de una casa en Pachuca, valuada en 758 mil pesos, y otra en Tepatepec, Hidalgo, con valor de 300 mil, así como de un departamento en la Ciudad de México, valorado en un millón 850 mil. Mencionó que su cónyuge poseía asimismo un departamento en la capital del país. Entonces dijo que poseía dos vehículos, 200 mil pesos en joyas, obras de arte por un millón de pesos y menaje de casa por un millón 500 mil.

Cuando Gálvez presentó su iniciativa de responsabilidades administrativas, en 2019, concluyó su participación con la siguiente frase: “Así ya no habrá posibilidad de maniobras ni enredos de parentesco, afinidad y consanguinidad para encubrir bienes de origen oscuro o conflictos de interés. Así se evitará que tengamos, ante omisiones en declaraciones patrimoniales y conflicto de interés, un ‘chu, chu, chu’ como respuesta”.