Guadalajara, Jal., El juez Javier Delgadillo Quijas rechazó por segunda ocasión entregar un amparo a ciudadanos y colectivos que demandan la reinstalación del llamado antimonumento 5J colocado el 5 de junio pasado en el centro de Guadalajara como un memorial a la represión que en 2020 el gobierno jalisciense encabezado por Enrique Alfaro ordenó contra casi un centenar de jóvenes.

Ese día agentes ministeriales y policías estatales privaron de su libertad varias horas a los manifestantes y los sometieron a torturas físicas y sicológicas.

Delgadillo Quijas, titular del juzgado segundo de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo del tercer circuito, reiteró la negativa al amparo que ya había dado días atrás, a pesar que magistrados del primer tribunal colegiado en materia administrativa en Jalisco resolvieron el jueves el recurso de queja 279/2023 y ordenaron al gobernador Enrique Alfaro y al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, la reinstalación del antimonumento.

Los magistrados, en su resolución calificaron el retiro del antimonumento como un acto de censura constante y de represión a los derechos a la manifestación de ideas y a la protesta.

En la sesión también recordaron que en varios lugares del país se han realizado expresiones populares similares, para reclamar a las autoridades –como es el caso de Ayotzinapa o de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez–, para mantener en la memoria colectiva el recuerdo de las víctimas directas e indirectas, y que los antimonumentos que hasta ahora se colocaron no habían sido reprimidos por ninguna autoridad, salvo por las jaliscienses.

Angela García Reyes, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que junto con otros colectivos presentó el recurso de queja y estuvo este viernes en la audiencia a la que los gobiernos estatal y de Guadalajara enviaron todo un equipo de abogados, dijo que los argumentos del impartidor fueron bastante pobres desde el punto de vista legal.

Por lo anterior, dijo, volverán a insistir con un recurso de revisión, ya que no analizaron los argumentos tanto de la demanda de amparo como de la resolución del tribunal colegiado; sólo consideraron el informe del gobernador, que igual se lavó las manos