Homestead. Cientos de personas de varias ciudades en Florida se manifestaron ayer en contra de la ley SB1718, una dura reforma impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que entró en vigor ayer para perseguir a los indocumentados, principalmente en los ámbitos laboral y servicios de salud.

La nueva legislación obliga a los patrones con más de 25 empleados a comprobar el estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify. Si no cumplen, pueden recibir multas de hasta mil dólares o sus negocios pueden ser clausurados si reinciden.

En Homestead, los manifestantes marcharon por las calles con banderas de México, El Salvador y Guatemala, y portaron carteles que decían: Los migrantes mueven la economía de Florida y Por una sociedad sin racismo e igualdad para todos.

Además, se llevaron a cabo otras manifestaciones de Libertad para todos organizadas por el grupo de coalición Florida for All en las principales ciudades del estado, incluidas Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee.

Uno de los puntos que más temor provoca es que la ley exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia pedir a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención. Sentimos que Florida ya no es un lugar hospitalario, dijo Linda Pérez, líder comunitaria en Tampa Bay al canal WTFV.

El texto determina hasta 15 años de prisión para quien con pleno conocimiento oculte, albergue, transporte o proteja a personas que entraron de forma irregular, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.

Y cinco años de prisión y multas de 5 mil dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10 mil dólares si es menor de edad.

En West Palm Beach, alrededor de 30 activistas de varias organizaciones se reunieron en Howard Park por la tarde para firmar peticiones, comer barbacoa y hablar sobre temas que van desde la violencia armada hasta la migración, informó el diario South Sentinel.

Hoy es el día en que todo es completamente diferente, declaró David Dee Rae, uno de los organizadores del evento.

La norma prevé además un presupuesto de 12 millones de dólares para el traslado de extranjeros sin documentos a otros lugares de Estados Unidos y exige a las fuerzas de seguridad la obtención de muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.

En Kansas, los defensores de los migrantes latinos expresaron su alarma después de que entró ayer en vigor la ley HB2350, en contra del tráfico de personas.

Los activistas temen que la normativa tenga como objetivo una persecución y castigo contra los migrantes y dé a la policía más poder para discriminar.

En tanto, por segunda ocasión en menos de tres semanas, un autobús repleto de migrantes llegó ayer al centro de Los Ángeles procedente de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas.