El ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, impugnó la resolución de un tribunal de apelación que le negó el amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, para obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.

El noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México admitió a trámite el recurso de revisión que promovió el ex funcionario para que los magistrados determinen si confirman, modifican o revocan el fallo.

Cárdenas Palomino fue detenido en julio de 2021 en su domicilio de Paseos del Bosque, estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada desde el 24 de septiembre de 2020.

En abril de este año, Gabriela Viey­ra Pineda, magistrada presidenta del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal, confirmó el fallo del extinto sexto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, el cual había negado a Cárdenas Palomino la protección de la justicia federal.

En su fallo, el extinto tribunal declaró infundados e inoperantes los agravios hechos valer por Cárdenas Palomino, ya que, dijo, el juez de la causa, legalmente sostuvo que en la especie quedó demostrado a título de probable que el justiciable el día y en el lugar de los hechos autorizó a terceros (servidores públicos a su mando) infligir dolores y sufrimientos físicos y sicológicos a las víctimas. Pero no sólo eso, el órgano jurisdiccional resolvió que las pruebas permitieron que resultara apegado a la legalidad que se acreditara a Cárdenas Palomino la probable responsabilidad del delito de tortura.

El ex mando policiaco, quien fue cercano colaborador de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico, permanece privado de la libertad en el penal federal del Altiplano, en el estado de México.

De acuerdo con el expediente del Tribunal Colegiado de Apelación, al procesado se le atribuye que el 27 de abril de 2012 autorizó a una docena de policías que continuaran infligiendo violencia física y síquica a las víctimas en un domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa, con la finalidad de obtener de éstas una confesión.