Phoenix. A pesar del rechazo del presidente Joe Biden a la práctica de su predecesor de separar a familias de migrantes en la frontera sur, su gobierno solicitó ayer a una corte federal que deseche una demanda con la que se pide indemnizar a cinco madres y sus hijos.

Phil MacWilliams, abogado del Departamento de Justicia, declaró a la jueza federal Susan R. Bolton que los reclamos son improcedentes y, por ende, el caso debe ser cancelado. Alegó que los agentes de la Patrulla Fronteriza con sede en Yuma, Arizona, separaron a su criterio a las familias, pero ese proceder no correspondía a una política dirigida a disuadir la llegada de migrantes.

La abogada Diana Reiter, representante de las familias, afirmó que el caso debe ir a juicio porque las separaciones fueron parte de una política mayor durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump con el propósito de impedir la llegada de migrantes a la frontera. Como las mujeres jamás fueron enjuiciadas, las separaciones eran innecesarias, agregó.

Bolton emitirá una decisión en las próximas semanas.

El intento del gobierno estadunidense de impedir el juicio pone de manifiesto la difícil posición la administración de Biden en momentos en que enfrenta sus propias dificultades para lidiar con la llegada de migrantes.

Las madres y sus hijos demandaron al gobierno estadunidense en 2019 en busca de ser indemnizados por el trauma que sufrieron el año previo, cuando vivieron en carne propia esa política de separación.

El gobierno de Estados Unidos declaró que la razón por la que dejó de programar citas para asilo por aplicación en el cruce de Laredo, Texas, fue la situación de seguridad al otro lado de la frontera, en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) declaró en un comunicado enviado por correo electrónico a la agencia Ap que el gobierno también consideró otras cuestiones operativas no especificadas, como una relativamente baja demanda de citas para ese lugar.