Zacatecas, Zac., A fin de contrarrestar la propaganda que la minera Peñasquito realiza en comunidades del municipio de Mazapil en contra del movimiento de huelga que comenzó el pasado 7 de junio en ese enclave propiedad de la estadunidense Newmont, los integrantes de la sección 304 del Sindicato Nacional Minero comenzaron a difundir información dirigida a la opinión pública de Zacatecas y el país.

Los trabajadores aclararon diversos puntos de la campaña de desinformación que impulsa la minera. Primero, hacemos énfasis en que no es nuestra intención afectar la economía de la región, del estado, de terceras compañías y mucho menos la de todas y cada una de las familias que están al lado de nosotros en esta lucha.

La huelga en la mina de oro y plata más grande de América Latina, aclararon, se debe a problemas que se vienen acarreando desde hace varios años, principalmente por la mala administración de la empresa.

Denunciaron que no han recibido el reparto de utilidades, cuyo monto, de acuerdo con la ley, debe corresponder a 10 por ciento de las obtenidas en el año fiscal previo.

Presuntas anomalías en declaraciones al fisco

Queremos hacer de su conocimiento que la baja de la producción en 2022 sólo fue de 17 por ciento en comparación con 2021, pero en su declaración (ante el Servicio de Administración Tributaria) manejan una pérdida de utilidades de 66 por ciento. Si bien sabemos que aumentaron los costos de producción, esto fue derivado del bono por concepto de 10 por ciento de participación de los trabajadores en las utilidades de 2021 y que lo están deduciendo en su declaración anual de 2022 como gasto. Aunado a esto, existen otras inconsistencias en su declaración anual, aprovechándose de las lagunas que existen en la ley.

Señalaron que la patronal ha incurrido en incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, violación de diversas cláusulas, así como discriminación hacia familiares, amigos y habitantes de la región, quienes son rechazados por causas médicas que, aseguraron, no lo ameritan.

El gremio acusó también que hay un convenio de asistencia y seguridad que debe actualizarse todos los años, lo cual no se ha realizado desde 2011.