Buenos Aires., En un ambiente caldeado por las elecciones en varias provincias del país y por las luchas internas que afectan al oficialismo y la oposición, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió elevar a juicio oral y público la causa por el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y juzgar a los supuestos coautores del intento de asesinato ocurrido el 1º de septiembre pasado, contra la opinión de la querella de la también dos veces presidenta (2007-2015).

Los abogados que representan a la ex mandataria, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, señalaron que elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad.

El ataque se produjo el 1º de septiembre de 2022 frente al domicilio de Fernández de Kirchner, cuando uno de los detenidos, Fernando Sabag Montiel, armado con una pistola, se mezcló entre un grupo de simpatizantes, se acercó a la vicepresidenta y apretó varias veces el gatillo, sin que salieran los disparos.

Sabag Montiel, de 35 años, y su novia Brenda Uliarte (23 años) están acusados como coautores. Nicolás Carrizo, de 27 años, quien empleaba a la pareja como vendedores ambulantes, está imputado como partícipe necesario.

La decisión de la jueza Capuchetti implica el cierre de la investigación como solicitó el fiscal Carlos Rívolo, el 30 de mayo, pese a que la defensa de la vicepresidenta se opuso y solicitó más medidas de prueba para determinar quiénes fueron los autores materiales del atentado, en una acción más del llamado Partido Judicial, donde la Corte Suprema ha violado abiertamente la Constitución y las leyes hasta extremos nunca vistos salvo en dictaduras militares.

Levantamiento en Jujuy

En tanto, en Jujuy se vive un levantamiento popular que comenzó con la demanda de los docentes, que se manifestaban pacíficamente y fueron brutalmente reprimidos por orden del gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, del conservador Juntos por el Cambio.

El levantamiento que incluye a todos los sectores sociales opuestos al gobierno de Morales arrancó tras la represión y ahora muestra a un pueblo insurrecto contra una reforma constitucional impuesta a decretazos por el mandatario provincial, que imponen sanciones por ejercer el derecho a huelga y la protesta.

Silenciado en general por la televisión, el movimiento lucha contra un gobernador que tiene presos políticos sin causas verdaderas, y mantiene bajo condena a la dirigente de la organización social Tupac Amaru, Milagros Sala, símbolo de lo que sucede a cantidad de trabajadores presos.

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