A casi un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Osvaldo Berrelleza, en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, se ha logrado prácticamente el desmantelamiento del grupo delictivo que dirigía José Noriel Portillo Gil, El Chueco, uno de los líderes regionales de la organización Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa en esa zona de la Sierra Tarahumara.

Las autoridades han detenido a 23 miembros de la banda, instalado 12 mesas de trabajo para atender diversas problemáticas, entre ellas la tala clandestina, con participación del Ejército, las Guardia Nacional y autoridades estatales. Además, se estableció un protocolo de seguridad para la comunidad jesuita, informaron dependencias federales y estatales.

Las autoridades consultadas señalaron que por parte del gobierno estatal se puso en marcha una estrategia denominada Juntos por la Sierra Tarahumara, que incluye mesas de diálogo en coordinación con la diócesis de la Tarahumara, las autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil.

La información obtenida refiere que en materia de combate a la delincuencia, tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas se intensificaron los operativos que derivaron en el hallazgo del cuerpo sin vida de El Chueco en marzo de este año, en el municipio de Choix, Sinaloa.

Asimismo, se realizó la detención de 23 integrantes de Gente Nueva que operaba bajo el mando de El Chueco, quien controlaba a grupos de sicarios y traficantes de droga en los municipios de Urique, Madera, Guazapares y Chínipas, Chihuahua, y en municipios de Sonora como Álamos y Navojoa.

Uno de los operativos considerados por autoridades federales como más significativos, se realizó en agosto de 2022 en Urique, donde, con participación de la Marina, fueron detenidos dos de los principales operadores de El Chueco y se rescató a una víctima de secuestro, se detuvo a dos personas (un menor de edad) y se aseguraron 81 armas (65 largas y 16 cortas), 14 granadas calibre 40, cinco aditamentos lanzagranadas, 240 cargadores de diferentes calibres, 17 mil 871 cartuchos, cocaína, goma de opio, cristal y semilla de amapola; también seis vehículos, dos con blindaje y uno con aditamentos de disparo.

En acciones de carácter social, en febrero pasado se instaló una mesa de coordinación para la atención de la tala clandestina, con la participación de la Quinta Zona Militar, las fiscalías de distrito Zona Occidente y Sur y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y se han desarrollado acciones para combatir la tala clandestina, detención de talamontes y aseguramiento de madera, vehículos y maquinaria.

Asimismo, en marzo pasado se instaló la mesa de medidas cautelares para la comunidad jesuita de Cerocahui, con la finalidad de atender la recomendación MC-876-22 para 11 integrantes de esa congregación en el municipio de Urique, dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, el 11 de mayo se instaló la mesa de seguridad en el municipio de Madera y se puso en marcha el Operativo Largo Maderal, con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

De igual manera, se pusieron en marcha acciones de coordinación en materia de seguridad con el Ejército para combatir a los grupos delictivos que operan en Guachochi, Carichí, Gran Morelos, Bachíniva, Ocampo, Cusihuiriachi, Guerrero, San Francisco de Borja y Nonoava.