aminando veloz en el sexto mes de su tercer mandato presidencial, Lula da Silva enfrenta seguidos –y muy preocupantes– tropiezos en el Congreso, en especial entre diputados.

La verdad es que en Brasil el régimen presidencialista se encuentra muy presionado, víctima del intento de imponer un parlamentarismo no previsto en la Constitución por integrantes tanto de la derecha más dura como de la extrema-derecha bolsonarista, es decir, de seguidores del desequilibrado ex mandatario Jair Bolsonaro instalados en la Cámara de Diputados.

Concretamente, hoy en Brasil la Cámara dejó de integrar uno de los tres poderes institucionales, al lado del Ejecutivo y del Judicial, para intentar actuar como controlador no sólo del gobierno, sino principalmente de algo que en tiempos de Bolsonaro le fue encaminado, el llamado presupuesto secreto.

Era la distribución de generosos manojos de dinero sin que se identificara el diputado beneficiado ni su destino.

Como ocurrió a lo largo del gobierno pasado, la pandilla que logró mantenerse en el control de la Cámara pretende seguir disponiendo de miles de millones de dólares para esparcir entre aliados y –como sobran indicios– sus bolsillos.

Consciente de que tendría que acercarse a sus adversarios y abrir espacios en su ministerio para lograr respaldo en el Congreso, Lula cedió mucho. Pero no contaba con la dimensión olímpica del apetito de los que no hacen más que chantajear al gobierno.

Le falta, además, una articulación política hábil suficiente para alcanzar acuerdos en lo que se refiere a iniciativas consideradas esenciales en su administración.

Los temas relacionados con el medio ambiente y con la población indígena fueron vaciados, como los dos ministerios correspondientes, y hasta la estructura del gobierno estuvo a un milímetro de ser destrozada en la Cámara de Diputados.

A estas alturas, está claro con toda evidencia que el intento de congelar a Lula sigue vigente.

Arthur Lira, presidente de la Cámara, es el cabecilla visible y palpable de esa pandilla, que cuenta con pleno respaldo no sólo de diputados bolsonaristas, sino también de una derecha que siempre supo navegar sin que importara quien estuviese en la Presidencia.

De acuerdo con lo que establece la Constitución, proyectos aprobados en la Cámara necesitan el aval del Senado, donde Lula cuenta con respaldo y espacio para rechazarlos. Pero ese rechazo exige tiempo, y tiempo es lo que se hace cada vez más escaso para Lula.

La sensación, cada día más difundida, es que su gobierno camina a pasos de tortuga, cuando se esperaba que fuera a pasos de liebre.

Todo por culpa de la herencia maldita de Bolsonaro.

Para primero evitar un juicio de destitución y luego asegurar pleno respaldo a su relección, el desequilibrado y corrupto ultraderechista distribuyó océanos de recursos públicos a aliados controlados por el pandillero y chantajista Arthur Lira en la Cámara.

Todavía no se sabe el montante de dinero desviado. Cada día surgen más indicios y pruebas del destino de los recursos, como los millones encaminados a camioneros, taxistas y la clase más desfavorecida del pueblo, a través de préstamos ofrecidos por la Caixa Económica, uno de los bancos públicos.

Tan generoso fue el gobierno de Bolsonaro que ya se detectó que entre los beneficiarios hay miles de muertos, de gente que ni siquiera viajó en camión, pero que fue beneficiada, taxistas jubilados y lo que se agregue.

Pero los diputados autores de la distribución siguen pululantes en la Cámara, ávidos por más y más.

Lula se dio cuenta de que ya no basta distribuir ministerios para contar con respaldo en la Cámara. No, no: los diputados quieren dinero.

Y para eso amenazan congelarlo a él y a su gobierno.

Tenemos así otra secuela del peor y más abyecto gobierno de la historia de la República, cuyo titular sigue paseando por la vida mientras aguarda –aguardamos todos– que la Justicia salga de su letargo.