Deudos del incendio en la Guardería ABC, sobrevivientes, familiares y ciudadanos en general marcharon ayer por las principales calles de Hermosillo, Sonora, para exigir justicia y evidenciar 14 años de impunidad. Los inconformes advirtieron a las autoridades judiciales que no detendrán su lucha hasta que se ejecuten las sentencias contra los responsables de la conflagración y que la reparación de daños llegue a las niñas y niños víctimas de los que llamaron el crimen más grave en la historia de este país.

La protesta fue encabezada por 36 jóvenes sobrevivientes del siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009, vestidos de morado, quienes anunciaron que continuarán sus movilizaciones para exhortar a las autoridades garantías de no repetición del incidente. Los acompañaron 49 banderas rosas y azules, una por cada víctima del incendio, así como el redoblar de decenas de tambores que resonaban entre la consigna ¡Justicia, ABC, nunca más!.

El contingente, integrado por unas 3 mil personas, se congregó en las ruinas de la estancia infantil en la esquina de las calles Mecánicos y Ferrocarrileros de la colonia Y Griega; a continuación avanzaron por el bulevar Vildosola y Rosales hasta llegar a las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.

Ahí, la activista Rosa María O’Leary y Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, muerto en el incendio, dieron lectura a un manifiesto dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los gobiernos federal y estatal.

Padres de los fallecidos en el incendio demandaron al Poder Judicial que se ejecuten las sentencias contra los responsables y exhortaron a que se aplique la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como ley 5 de junio.

Exigimos al Poder Ejecutivo estatal y federal tengan en su agenda de trabajo y políticas públicas la aplicación efectiva de la ley 5 de junio, con el fin de garantizar el desarrollo integral de las infancias en toda la República Mexicana, y así cumplir con el mandato constitucional en su artículo cuarto, expuso Patricia Duarte.

Asimismo, solicitaron a la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se violente el derecho a la salud digna y oportuna a las víctimas directas e indirectas del siniestro; reclamaron atención de calidad sin distinción y la construcción de un memorial que dignifique el legado de las 25 niñas y 24 niños que perecieron en la tragedia.