urante la conferencia de prensa matutina de ayer, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentaron un informe con los avances en torno al caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde 49 niños murieron y un centenar sufrió heridas de distinta gravedad en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009.
El primero informó que por el momento hay dos personas vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en la mayor tragedia infantil en la historia de México.
Encinas, por su parte, detalló medidas directas e indirectas de reparación integral del daño para las víctimas, entre las que se incluye a los fallecidos y a los lesionados sobrevivientes, así como a padres, hermanos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos.
La amplitud y el carácter multidimensional de las políticas destinadas a atender a las víctimas reflejan la existencia de una voluntad auténtica de reparar el daño por parte del gobierno federal, el de Sonora y el IMSS. Está claro que es una obligación del Estado proveer todas las facilidades sanitarias, educativas y de acompañamiento para que quienes perdieron a un ser querido o sobrevivieron a la conflagración puedan rehacer sus vidas, y es de saludarse que, como señaló el subsecretario Encinas, en este caso no haya limitación ni restricción alguna en materia de recursos para atender la situación.
Sin embargo, las familias de la guardería ABC han sido enfáticas en que todos estos elementos de apoyo significan muy poco para ellas en ausencia de justicia y castigo a los responsables. Este reclamo, con todo lo justo que resulta, enfrenta obstáculos formidables que ponen su cumplimiento más allá de las facultades del Poder Ejecutivo.
Por principio de cuentas debe recordarse que desde el sexenio de Felipe Calderón se han dictado sentencias que absuelven a quienes son ampliamente considerados los mayores culpables de la cadena de negligencias que desembocó en catástrofe: los ex directores del Seguro Social Juan Molinar Horcasitas (ya fallecido) y Daniel Karam, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y los dueños de la estancia infantil, entre quienes se encontraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima tanto de la entonces primera dama y actual diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo, como de Lourdes Laborín, esposa del mencionado Bours.
Las complicidades tejidas por los dos gobiernos federales panistas que diseñaron e implementaron la fatídica privatización de las guarderías garantizaron la impunidad a estos personajes, que no pueden ser juzgados dos veces por las mismas causas.
Incluso si se encontraran las vías legales para reactivar los procesos, el control del Poder Judicial por personajes identificados con (y en varios casos, nombrados por) el calderonismo vuelve muy difícil cualquier adelanto por el camino jurídico aunque, como ha señalado Encinas en otro contexto, deba hacerse todo lo humanamente posible para lograr justicia para las víctimas y sancionar a los individuos que, por acción u omisión, provocaron la tragedia de la guardería ABC.
Lo que ciertamente puede lograrse es profundizar y perfeccionar la reparación del daño y establecer garantías de que una desgracia semejante jamás se repetirá, y para ello es indispensable persistir en el combate a la corrupción, la insensibilidad y la impunidad en la administración pública.
