l presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que las sentencias con las cuales el Poder Judicial paraliza o retrasa las acciones de su gobierno se orientan a dar un golpe de Estado técnico neutralizando al Poder Ejecutivo para que no pueda desempeñar sus funciones. En referencia a una nueva suspensión definitiva otorgada contra los trabajos del Tren Maya, el mandatario aseguró que no podrán frenarlos porque la Constitución le da la facultad de impulsar obras en beneficio del pueblo, y afirmó que no puede quedarse callado cuando se trata de defender el proyecto de transformación que encabeza.

La interferencia judicial en el ejercicio del gobierno arrancó a la par del sexenio, pues desde un comienzo la derecha se ha organizado y ha invertido ingentes recursos para obtener en tribunales lo que no consigue en las urnas, empeño en el que ha contado con un apoyo regular de jueces y magistrados. El primer ejemplo de una campaña a gran escala para judicializar la política se presentó en 2019, cuando el organismo empresarial #NoMásDerroches logró frenar por meses la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles gracias a la obsecuencia de los tribunales. Dicho membrete, liderado por el empresario y orquestador de la oposición política, Claudio X. González, promovió 147 amparos en decenas de juzgados federales de ocho entidades del país, con lo que no sólo frenó la construcción de infraestructura vital para el desarrollo nacional, sino que saturó dichas instancias en el intento de imponer sus intereses de grupo.

Un escenario semejante se ha vivido en todo lo relativo a la política energética, donde el Poder Judicial ha operado para acotar de forma severa la prerrogativa gubernamental de establecer y aplicar políticas públicas, dictando resoluciones que van en detrimento del país para favorecer a los grandes capitales locales y foráneos.

La sistematicidad de los ataques a la Presidencia y, cada vez más, al Poder Legislativo, permite hablar de una ofensiva judicial denominada lawfare, es decir, una guerra que se hace en nombre de la ley aunque sus métodos y su espíritu sean claramente ilegales. Si bien hasta ahora el lawfare contra la Cuarta Transformación no ha llegado al extremo de buscar el derrocamiento del Presidente, es manifiesto que se dirige a desgastar la autoridad del gobierno e impedirle que cumpla el mandato popular para el que fue elegido.

Frente a estos embates, debe recordarse que en la campaña que lo llevó a la Presidencia, López Obrador se comprometió a capitanear un cambio de rumbo en lo político, administrativo, económico, social, así como en las estrategias de desarrollo, y fue por ese programa por el que los ciudadanos votaron de manera masiva. Pese a la contundencia de esta expresión democrática, muchos jueces han decidido convertirse en el mayor obstáculo a la realización de la voluntad popular, con lo que se ponen abiertamente en contra de la Carta Magna que afirman proteger.

Al impedirle al gobierno que cumpla sus obligaciones, los juzgadores desestabilizan la vida institucional hasta el punto de instalar una suerte de golpismo lento que, sin pretender por ahora derrocar al Ejecutivo, obstaculiza su trabajo de manera sistemática.

Ese sabotaje al proyecto respaldado por una amplia mayoría de la sociedad es un motivo real de polarización y genera malestar creciente hacia una institución cuyos integrantes fallan de manera sospechosamente habitual contra los intereses nacionales.

Ese descontento es el que expresan los ciudadanos a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es el que llevó a los integrantes del plantón en el número 2 de la calle de Pino Suárez a reinstalar su campamento tras la agresión injustificable perpetrada por los simpatizantes de Claudio X. González y la ministra presidenta Norma Piña.