La Cámara de Senadores consideró necesario dar seguimiento a la aplicación de la reforma constitucional que impedirá que agresores de mujeres y deudores alimentarios sean candidatos a cargos de elección popular o funcionarios.

Explicó que hace tiempo, un estudio del Instituto Belisario Domínguez indicaba que los partidos lograron eludir medidas similares, por lo que la nueva disposición es adicional al registro de deudores y acreedores de pensiones.

Durante el proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una política que obligaba a los candidatos a firmar una carta en la que declaraban no haber sido sancionados por violencia familiar, delitos sexuales ni ser deudores alimentarios.

Se trataba de inhibir la postulación a cargos de elección popular de agresores de mujeres; el INE propuso retirar la candidatura a dos hombres y una mujer por incurrir en violencia política en razón de género, aun cuando manifestaron no ser agresores.

No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el INE carecía de atribuciones para determinar la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir, además de que la sala Ciudad de México ordenó reponer una candidatura en disputa, y los tres pudieron competir.

Ambas resoluciones evidenciaron las limitaciones del instituto para hacer efectivas sus medidas contra la violencia, así como la necesidad de contar con una legislación en la materia como herramienta para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género en los procesos electorales.

Señaló que por eso legisladores y organizaciones de la sociedad civil presentaron iniciativas para hacerlas obligatorias y se considera relevante monitorear su aplicación, al igual que las investigaciones por parte del INE