n esta capital, una movilización opositora en supuesta defensa de la Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) culminó ayer en una agresión injustificable en contra de personas que desde hace un mes mantenían un plantón frente a la sede de ese organismo, a un costado del Zócalo. A golpes, cientos de manifestantes convocados al cobijo de membretes como Chalecos México y Acción Civil Mexicana destruyeron las carpas, lonas, sillas y mantas del plantón instalado en protesta por las acciones de un Poder Judicial claramente perfilado en contra del gobierno federal.

Independientemente de las orientaciones políticas confrontadas de unos y de otros, resulta inadmisible que un sector de la sociedad pretenda ejercer su derecho a la libre manifestación para negárselo a otros, y menos mediante la agresión y la violencia.

Resulta paradójico, por decir lo menos, que la figura política escogida para encabezar la marcha de los pretendidos defensores de la SCJN, el ex canciller, ex secretario de Hacienda, ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y aspirante presidencial de la oposición, José Ángel Gurría Treviño, señalara una supuesta actitud enormemente agresiva de los detractores del Poder Judicial y de su máxima representante, la ministra Norma Piña, quienes en todo momento se han conducido en los cauces de la legalidad y la protesta pacífica. La agresividad, en cambio, provino de los participantes en esa marea blanca que recorrió el Paseo de la Reforma desde el Monumento de la Revolución hasta las puertas del máximo tribunal para emprenderla a golpes contra un plantón con el que se podía estar o no de acuerdo, pero que en ningún momento recurrió a la violencia.

De esta manera, la hostilidad opositora de ayer marca una nueva vuelta de tuerca en el estado de ánimo exasperado de quienes pretenden reivindicar la defensa de las instituciones rompiendo el marco legal y se hacen llamar partidarios del orden, al mismo tiempo que revientan la convivencia pacífica y civilizada.

Es inevitable relacionar esta expresión porril con su trasfondo electoral: la inminente elección que tendrá lugar el domingo próximo en el estado de México, a la que la abanderada morenista a la gubernatura, Delfina Gómez, llega con todos los pronósticos a favor, en tanto la candidata del oficialismo mexiquense y de la oposición nacional, la priísta Alejandra del Moral, carga con las proyecciones más desalentadoras. En vísperas de ese proceso comicial, resulta deplorable que las agrupaciones opositoras, sean abiertamente partidistas o autodenominadas representantes de la sociedad civil, den muestras de incivilidad como la demostrada frente a la SCJN en esta capital o como la que tuvo lugar ayer mismo en su cierre de campaña en Toluca, en el que priístas y perredistas, socios de la misma coalición, escenificaron una disputa a sillazos.

Por lo que hace a Gurría, su aspiración a lograr la candidatura presidencial opositora se ve perjudicada al encabezar y justificar desmanes provocadores como el de ayer. Resulta imperativo que él y los otros aspirantes a enfrentar a la postulación oficialista a la Presidencia comprendan dos hechos básicos: el primero, que manifestarse pacíficamente es un derecho, pero que violentar las manifestaciones de otros es un delito, y el segundo, que los partidos que se han visto desplazados del Ejecutivo federal, las mayorías parlamentarias federales y la mayoría de las gubernaturas no lograrán recuperar con golpes lo que perdieron con votos.