Morena confirmó anoche que este miércoles la Comisión Permanente hará la declaratoria de validez de la reforma a la Constitución que impedirá a agresores de mujeres y deudores alimentarios, ser candidatos a cargos de elección popular o ejercer como funcionarios públicos.

Por la tarde, diputadas y representantes de colectivos urgieron a la Permanente a emitir la declaratoria. No es cacería de hombres. No queremos venganza, sino justicia, expresó la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI).

En una reunión conjunta se confirmó que el Congreso ha recibido la notificación de 20 legislaturas estatales que ya validaron la reforma y faltan por ratificarla, las de Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Herrera Anzaldo resaltó que el problema de deudores alimentarios es tal que, ocho de cada 10 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria. Hacemos un llamado a los congresos locales que faltan a que den ese paso por la tranquilidad, desarrollo y la paz del país, externó.

También ex diputadas federales y representantes de organizaciones de mujeres resaltaron que es necesario validar y publicar la reforma, porque la primera semana de junio vence el plazo para que pueda entrar en vigor y obligar a los partidos a que no postulen como candidatos a quienes no pagan una pensión o han violentado a mujeres.

Refugio para sentenciados

Porque, resaltaron, no es aceptable que la política y el servicio público sean refugio para varones con sentencias firmes por agresiones contra mujeres o por ser deudores alimentarios. En la mayoría de los casos, advirtieron, prevalece la ­impunidad.

Al respecto, Alejandra Felipe Torres (PAN) señaló que la reforma busca asegurar que ningún servidor público que abuse de su poder, someta, acose o viole y se desvincule de sus obligaciones familiares, sea funcionario o legislador.

Una persona que comete este tipo de actividades ilícitas es un delincuente, y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con más cargos públicos, resaltó.